Opinión: 40 años después… ¿La Constitución es intocable?

Miguel Hernández

La Carta Magna cumplió el pasado 6 de diciembre 40 años. Remontándonos al periodo de su creación, en plena Transición hacia la democracia, España vivía una situación compleja. La Transición se prolongó tres años, caracterizados por el consenso y por una relativa y sorprendente paz. Dentro de esa época, el 15 de junio de 1977, se sucedieron las elecciones generales para fraguar el diseño de las nuevas Cortes. Su resultado fue bastante heterogéneo, como siempre lo ha sido la nación española.

El ganador de los comicios fue Unión de Centro Democrático (UCD), con 165 escaños, seguido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 118. Partidos importantes obtuvieron una representación menor. Ese fue el caso del Partido Comunista de España (PCE), 20 escaños, y Alianza Popular (AP), 16 escaños. El resto de las formaciones políticas se distribuyeron los 31 escaños restantes. Sendos partidos fueron el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Socialista popular (PSP) y una coalición que posteriormente se llamaría Minoría Catalana, que aglutinaba a partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergencia o Unió.

Tras 39 años de oscuridad franquista, que algunos nostálgicos recuerdan con gran añoranza, llegó la esperada Constitución, que fue refrendada a través de un referéndum para su ratificación por el 87,78 % de votantes, que representaba el 58,97 % del censo electoral. La participación fue de un 67,11%. Este dato nos hace comprobar que su legitimidad es aceptable, pero no supone una legitimación por una aplastante mayoría. Hay que otorgar un reconocido mérito a los ‘padres de la Constitución’: por UCD, partido que gobernó durante la legislatura constituyente, Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca; por el PSOE, principal partido de la oposición, Gregorio Peces-Barba; representando al Partido Comunista de España (PCE), Jordi Solé Tura; en representación de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga Iribarne; y finalmente por Minoría Catalana, Miquel Roca.

La labor de consenso se puede calificar ‘a posteriori’ como excepcional, ya que, opiniones tan diversas lograron consumarse en un texto de índole moderada y parcialmente justa para todas las partes. Es necesario recalcar que ‘los siete hombres buenos’, como fueron denominados, tuvieron que ceder en demasía en algunas cuestiones para poder llegar a un consenso. Un ejemplo de este fenómeno es el de Jordi Solé, representante del PCE, abierta y lógicamente republicano, que en detrimento del modelo de Estado por el que optaba, tuvo que ceder y conformarse con la monarquía.
De todos los presidentes del Gobierno de la democracia el más resaltable es Adolfo Suárez, quien vivió en un contexto complejo que hábilmente consiguió solventar. Durante su presidencia se llevaron a cabo diversas medidas que reformaron el sistema previo, como la “autoliquidación” de las Cortes franquistas o la legalización de los partidos políticos. Especialmente notoria fue la legalización del Partido Comunista.

Otro papel político que hay que destacar es el del Rey Juan Carlos I. Recientemente y de forma merecida ha sido denostado por las corruptelas y asuntos sucios con los que se le relaciona. Sin embargo, su trayectoria y su labor política durante la Transición fue trascendental. Ejerció de mediador, a pesar de ser heredero de un régimen autoritario. En su cabeza, estaba el pensamiento de instaurar una democracia que contentara a todos los ciudadanos. Su función en el 23F a la postre fue decisiva, frenando un golpe de Estado que recordaba al del 36 y que suscitaba desesperanza.

Probablemente, actores políticos tales como Adolfo Suárez o el rey emérito poseían entre sus virtudes, un ‘sentido de Estado’ del que los actuales profesionales de la política no gozan. Esta afirmación no es sinónimo de ponerse de parte de unos ni de otros, sino pretende describir una realidad (subjetiva, por otra parte) acontecida en la política. Por supuesto, que Suárez o, por ejemplo, Santiago Carrillo, seguramente cometieron actos erróneos (y muchos), pero casi siempre pretendiendo el beneficio del conjunto de la nación y no su perjuicio a costa de pensar casi exclusivamente en la imagen que se ofrece de cara al público, en otras palabras, en las apariencias y no, sin embargo, en los actos ‘per se’.

Lo que se celebró aquel 6 de diciembre, no fue única y exclusivamente la promulgación de una Constitución después de largos años de autoritarismo, sino la celebración de la libertad. Parafraseando a Salvador de Madariaga hiperbólica pero justificadamente, “la guerra civil se prolongó casi 150 años” expresa o larvadamente. La historia constitucional de nuestro país se basa en vez de en constituciones, en “imposiciones” de una parte del país sobre la otra. La Constitución de 1978 representa lo opuesto, concordia entre los ciudadanos, un símbolo de reconciliación, al fin y al cabo.

No se puede obviar, de todas formas, que el referéndum no diera la posibilidad de escoger entre una república y una monarquía. Pero claro, “viniendo de donde veníamos”, como se suele decir, era mejor una monarquía parlamentaria que una dictadura, “nos pongamos como nos pongamos”. En consecuencia, se dejó quizá algo abandonada y escasamente representada a cierta parte de la población que apostó y sigue apostando por este modelo de Estado, que ciertamente, es más democrático y no emana de la ley divina.

En estos cuarenta años de democracia contemporánea lo mejor que nos ha sucedido es la Constitución, sin duda alguna. Pilar fundamental de nuestra democracia. Si hacemos balance, en este periodo se han vivido tiempos de bonanza como de tempestad. Mas, sin duda, podemos afirmar que nos encontramos en el mejor periodo de nuestra historia. Sin ansias de añorar las épocas imperiales, que estaban llenas de claroscuros.

Al hilo de este asunto, es necesario acometer una reforma constitucional, ya que, a pesar de que la Constitución goza de juventud, hay que adaptarla a los tiempos que corren. El procedimiento para reformar la Carta Magna, el cual está recogido en el Título X de esta, es complejo y es un obstáculo para este fin. Una propuesta es la de cambiar la ley electoral (Ley D’Hondt). La distribución de los escaños se basa en un reparto proporcional que beneficia tanto a los grandes partidos políticos como a los partidos nacionalistas, aunque permite un acceso más sencillo a las formaciones más pequeñas. Por lo que, partidos de alcance nacional, aunque de tamaño medio quedan infrarrepresentados. Cabe añadir que ninguna ley electoral es perfecta, y que un supuesto cambio de ley electoral tampoco tendría como consecuencia una justicia total a nivel de representación política. Quizá la cuestión de fondo se sitúe en las circunscripciones provinciales, que no representan equitativamente los escaños parlamentarios. De todas formas, es complicado arrojar luz sobre este asunto.

Otra reforma que tiene bastante apoyo popular es la eliminación de la Cámara Alta de las Cortes Generales, el Senado. Apostar por unas Cortes Unicamerales, supone, en primer lugar, un menor gasto. Cabe añadir que el Senado es una fuente de representación autonómica. Por el contrario, es un organismo que se utiliza usualmente con el objeto de vetar leyes, favoreciendo la inoperancia institucional.

La democracia española, según informes como el de ‘Freedom House’, se sitúa en la vanguardia de un mundo cada vez menos libre. Sin embargo, como todo, posee imperfecciones. Se puede resaltar especialmente la escasa independencia del poder judicial, en la que en cada legislatura se produce el ‘pasteleo ’, si me permiten la denominación. Me refiero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su designación por parte del Poder Legislativo. Este fenómeno menoscaba el prestigio de la democracia española respecto a la mayor calidad democrática que existe en países de nuestro entorno, donde esto no sucede de manera tan flagrante. Por tanto, la separación de poderes teorizada por Montesquieu se viene abajo, lo que denota una imperfección democrática grave. El filósofo francés argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Por lo tanto, un equilibrio de poderes es lo acertado y su separación es condición ‘sine qua non’ de la democracia.

El sistema político español se ve en la necesidad de afrontar nuevos retos. Uno de ellos, es la reciente irrupción del partido político VOX, de ideología ultraderechista. En los comicios andaluces, ha obtenido un inesperado y fantástico resultado que le otorga un poder como llave parlamentaria y de gobierno en la Junta de Andalucía. Esos 12 escaños tienen más poder del que parecen tener. Como reza la paradoja de Popper, “conviene ser intolerante con los intolerantes”, y sin duda esta formación lo es. El surgimiento del partido liderado por Abascal nos hace reflexionar sobre lo que supone la asunción de las reglas del juego democrático. La labor del resto de partidos constitucionalistas, por el bien de la democracia, es frenar su crecimiento con campañas electorales más efectivas y, sobre todo, con hechos y acciones, que, en definitiva, es lo que cuenta en política, a pesar de que actualmente reinen las apariencias.

A modo de conclusión, en el tintero quedan preguntas pendientes que no se han respondido enteramente y que resultan pertinentes a la hora de efectuar un ejercicio de reflexión: ¿La Constitución es intocable? ¿Cómo repercutiría una reforma constitucional en el conjunto de la población? ¿Nuestra democracia será capaz de frenar el fenómeno común europeo de la ultraderecha?

Por cierto, feliz cuarenta cumpleaños, Constitución.

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