El precio de la salud

Nuestro sistema sanitario público sufre a diario el atraco de las farmacéuticas por el desorbitado precio que cobran por sus medicamentos.

Lo que en cualquier otro sector se consideraría un claro ejercicio de malversación en la sanidad es un habitual: Las empresas farmacéuticas, protegidas por las leyes de patentes, venden sus productos a los estados por un precio muchísimo mayor al de producción, hecho que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Podríamos pensar que realmente la investigación y el desarrollo de estos fármacos explica el alto precio que se paga por ellos, sin embargo la realidad es que solo un 16% del precio total cubriría el precio de producción. También se dan casos concretos en los que se llega a pagar hasta un 1000% más. Un ejemplo claro se da concretamente en el medicamento contra la hepatitis C: mientras que en Europa se adquiere por 25.000 € o en EEUU por 63.000 €, en Egipto solo cuesta 675 € o en India 150 €.

De esta forma, productos de primera necesidad y con costes de producción relativamente asequibles se vuelven inaccesibles para buena parte de la población mundial.

Acerca de esta situación muchas farmacéuticas ya se han pronunciado y no tienen ningún tipo de reparo en corroborar los hechos. El director general de «Gilead» llego a afirmar: «El precio no se establece en función del coste y la investigación. Pedimos todo lo que el cliente pueda llegar a pagar».
Desde los organismos públicos también han surgido declaraciones polémicas que solo muestran la incompetencia de los responsables encargados de la negociación y la adquisición de medicamentos. En 2016, el director general de farmacia del Sistema Nacional de Salud declaraba: «Realmente no sabemos el coste de producción de lo que compramos».
La legislación también favorece las circunstancias presentes y la leyes de patentes que, teóricamente se presentan para fomentar la creatividad del inventor, evitar plagios o garantizar la actividad productiva de los creadores, solo favorecen la aparición de monopolios que dificultan la libre difusión de innovaciones o el acceso de estas a la población. De la misma forma, al presentarse las nuevas innovaciones en manos privadas, se produce el efecto contrario al deseado: la desincentivación de la investigación científica.

Por otro lado, las farmacéuticas no enfocan sus investigaciones en la obtención del mayor beneficio social posible sino que sitúan sus propios beneficios como objetivo principal. Así, a enfermedades del primer mundo como la impotencia o la calvicie se les destinan porcentajes monetarios muy superiores comparados con los que se destinan a la investigación de enfermedades de primera urgencia, como el SIDA. La cura de las enfermedades tampoco es una prioridad y en su lugar, para las farmaceúticas es preferible mantener al enfermo en un tratamiento crónico que sea continuado y duradero aportando las máximas ganancias posibles a la empresa.

No es casualidad que, mientras la industria farmacéutica es de las que mayores beneficios obtienen a nivel mundial, se producen unas 6´1 millones de muertes anuales por enfermedades curables como la malaria o la tuberculosis.

La Malaria en en Mundo. Fuente: World Health Organization.

La realidad es que esta situación se evitaría parcialmente si los estados fueran los que investigaran, desarrollaran y produjeran los fármacos. De esta manera, un derecho humano fundamental como es el acceso a la sanidad no se encontraría limitado para parte de la población y las innovaciones científicas de la sociedad repercutirían a nivel global.

La prensa es la artillería de la libertad

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Historia Anterior

Opinión: Hermana, hoy la calle arde por ti

Siguiente Historia

Opinión: La política ya no ilusiona

Lo último de Incógnitas