¿Cómo están afrontando las universidades el coronavirus?

“Ningún estudiante va a perder el curso” prometía el ministro de universidades Manuel Castell la semana pasada. “Los estudiantes deben ser oídos, necesitan información”, es otra de las frases que más hemos escuchado y que reiteró Manuel Castell en una rueda de prensa que se ha hecho de rogar y que finalmente se produjo en la tarde de ayer.

A pocos días de que termine oficialmente el curso académico y dé comienzo el periodo de exámenes finales, los universitarios hacen frente a una situación que jamás hubieran imaginado. Es la primera vez en la historia de España que se realiza una evaluación de forma telemática, y profesores y alumnos lo viven desde la desigualdad de sus hogares, como buenamente pueden. Las aulas se han trasladado a plataformas como Microsoft Teams o Zoom, y las bibliotecas, que solían estar a rebosar por estas fechas, están cerradas a cal y canto. Nos tenemos que conformar con lo que tenemos, más el peso de la tragedia y la enfermedad, del que nadie se libra. La situación psicológica y anímica no es la mejor para nadie y desde todos los ámbitos ruegan comprensión y flexibilidad. 

Las nuevas tecnologías están permitiendo que el curso continue pese a todo, aunque son muchos los que inevitablemente se están quedando atrás.  Docentes a los que la revolución digital les ha llegado de golpe, estudiantes con pocos recursos o problemas de conexión que están a la espera de ese ansiado material que van a empezar a prestar algunas universidades, eso sí, con criterios de renta y expediente que muchos critican. La situación no es más fácil para aquellos que el curso que viene iban a empezar su aventura universitaria y que aún no saben cómo se va a producir la temida EVAU, o los que iban a despedirse de ella en el mes de mayo y  apenas han podido terminar las prácticas. 

Al estrés y los nervios propios de esta época, se le suma la incertidumbre y la improvisación a la hora de adaptar las Guías Docentes. Los estudiantes denuncian que no se les está teniendo en cuenta y que, en vez de facilitarles la evaluación, se les está acribillando a trabajos de última hora y test online, mientras que el número de clases, se ha reducido a más de la mitad. Por eso mismo, aunque reconocen que algunos profesores están haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener la normalidad, piden que se les permitan desmatricularse de asignaturas puntuales voluntariamente o que se reduzca el precio de las tasas. Castell veía justas las peticiones de los representantes estudiantiles, pero recordaba que dicha competencia recae en las propias universidades y que desde la administración central se limitan a hacer recomendaciones y dar apoyo. 

¿Estábamos preparados?

No, nadie lo estaba. Ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos pronosticado una parálisis tan drástica de la actividad económica. Es evidente que ningún sistema educativo tenía protocolos y recursos suficientes para hacer frente a esta situación tan excepcional, sin embargo las Universidad Española afronta la pandemia arrastrando precariedad, recortes y con varias asignaturas aún suspensas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica destruyó una parte importante de la financiación en servicios sociales, especialmente en educación y sanidad. Mientras que los principales países europeos optaron por reforzar el I+D y sus sistemas educativos, España se ganó el sexto puesto entre los que menor porcentaje del PIB destinan a las universidades (un 1,08 del PIB respecto al 1,37 de media).

Manuel Castell tomó posesión de su cargo el pasado 13 de enero con el propósito de revertir los recortes y lograr un gran pacto nacional de universidades con la colaboración de toda la sociedad en su conjunto, un proyecto ambicioso y transversal que se ha visto paralizado a causa de la pandemia y que recogía algunas de las grandes reivindicaciones de la Comunidad universitaria, como acabar con la horquilla de precios en las tasas o aumentar la partida de becas, prácticamente congelada desde 2011. 

Durante los años de crisis, una de las medidas que adoptó el Gobierno para rebajar el coste en enseñanza superior fue permitir a las comunidades autónomas ampliar el coste real de las matrículas entre un 15 y un 25%. Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde se concentra la gran mayoría de centros, han sido las que más han inflado el precio de los créditos llegando hasta los 33 euros, mientras que en otras como Galicia no superan los 13. Para ser más específicos, un año universitario en primera convocatoria puede superar los 2.000 euros en estas dos comunidades y en la más barata no llega a los 900. El coste de los créditos y la suma de las becas son factores fundamentales para acabar con la desigualdad: sólo un 28% de los hijos de padres con estudios básicos llega a la universidad en nuestro país.  

La austeridad no afectó únicamente al bolsillo de las familias, los docentes fueron otros de los grandes afectados por las políticas de flexibilidad. Castell se proponía el pasado 21 de febrero, durante la Comisión de Universidades del Congreso, reformar radicalmente el Estatuto del Personal Docente e Investigador, para acabar con “figuras inductoras de precariedad como el falso profesor asociado”, en sus propias palabras. Hasta un 46% de los profesores universitarios trabajan en este régimen, llegando a cobrar menos de 600 euros al mes.  Por otra parte, el docente titular se encuentra extremadamente envejecido: un 65% tiene más de 50 años y el 48% de estos más de 60.  A todo esto hay que sumarle la masificación de las aulas, que dificulta la evaluación continua, la posibilidad de realizar tutorías periódicas y, por supuesto, la vuelta a la normalidad en septiembre, ya que el ministro daba ayer por hecho que el próximo curso se mantendría la enseñanza bimodal y que las medidas de distanciamiento muy probablemente tendrían que continuar. Con clases de 50 o 60 alumnos mantener los dos metros de distancia es una tarea imposible.

No podemos olvidarnos de la investigación, nuestra gran asignatura pendiente. En situaciones como la actual recordamos el valor que tienen nuestros científicos y la cantidad de potencial juvenil que emigró al extranjero desde el inicio de la crisis de 2008. El 70% de la investigación española se produce en las universidades y las principales facultades están trabajando contrarreloj para hacer frente a la crisis sanitaria, poniendo todo su material y sus profesionales a disposición de la lucha contra el Covid19. Algunos expertos ven en el mecenazgo y la inversión privada una posible solución a la falta de inversión y la asfixia presupuestaria con la que trabajan los laboratorios, pero advierten, aunque busquemos apoyo externo, la financiación principal debe venir de las arcas públicas. 

A la Universidad Española el coronavirus le ha pillado desprevenida y con las defensas bajas, y dada la situación actual su futuro pende de un hilo. Hablaba Castell con conciencia cuando decía que “todo dependerá de todo”. No hemos terminado de salir de una crisis y hemos entrado en otra sin precedentes. No hay presupuestos generales desde hace dos años  y el desplome económico nos aboca de nuevo a la austeridad. Todo dependerá de todo, de si hay consenso político, si se logran aprobar unos presupuestos generales, cómo salgamos de esta crisis  y, sobre todo, de quién salga victorioso de la lucha de prioridades a la que los previsibles recortes nos van a abocar una vez más.  Mientras tanto, los futuros profesionales de nuestro país permanece a la espera de soluciones en sus casas, afrontando la peculiar batalla que nos ha tocado vivir. 

Miembro de la Junta Editorial de Revistaincognita.com
Estudiante de Ciencia política y administración Pública + Periodismo

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