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La España desmedicalizada

Julia Sáenz Herrero

Estos últimos meses han demostrado la importancia de tener una sanidad preparada. Una sanidad fuerte con profesionales valorados y cuidados por las autoridades. Mientras el foco mediático está puesto en las explicaciones por la gestión de las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid, otras actuaciones pasan desapercibidas. Es el caso de la gestión sanitaria en la Comunidad de Castilla y León. La Comunidad más grande de España, y la menos poblada, ni molesta ni gusta, sino que pasa indiferente. Así se ha demostrado en los telediarios y periódicos, que se olvidaban de nombrarla, que, junto a Madrid y Barcelona, había otra comunidad que iba a la cola en la desescalada y ni siquiera era mencionada.

Una vez acabada la crisis, el trato continuó siendo el mismo. El gobierno de la Comunidad de Madrid se esforzaba por justificar documentos que aparecían y reaparecían con relación a una concesión o presuntos borradores que ordenaban no trasladar a ancianos que no tuvieran seguro privado de las residencias al hospital. Nadie se percató de que en la Comunidad de Castilla y León había aparecido un documento de la Consejería de Sanidad de finales de marzo, en el que se daba idénticas órdenes que las de los supuestos borradores de la comunidad gobernada por Ayuso. 

El documento fue firmado por la Consejera de Sanidad, Verónica Casado a finales de marzo. En aquel informe se pedía que no se sacase a los ancianos de los centros. Este criterio cambió el 16 de abril, por lo que la orden solo estuvo vigente durante el pico de la pandemia. Casado, como defensa, argumentó que se hizo para proteger a los mayores.

Este no es el único ejemplo de la falta de información sobre lo que ocurre fuera de las grandes ciudades. Mientras los profesionales sanitarios salen a manifestarse en varias ciudades para pedir mejores condiciones, entre ellas la propia capital, la consejería de Sanidad de Castilla y León anunciaba que mantendría cerrados hasta octubre varios consultorios del medio rural que fueron clausurados durante el estado de alarma. La cifra de consultorios cerrados ascendería a 3500, lo que la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez calificó como “una absoluta temeridad”.

El asunto no quedó en palabras, sino que las Cortes de Castilla y León aprobaron la propuesta presentada por el grupo socialista y ordenaron el pasado mes a la Junta que reabriera los consultorios. Toda esta polémica volvió a reabrir la controversia previa a la llegada del Coronavirus en torno a los consultorios rurales en la comunidad. 

La Junta, a finales del año pasado, explicó que iba a implantar un nuevo modelo según el cual se cerrarían permanentemente 7 de cada 10 consultorios del medio rural de la provincia, lo que supondría cerrar más de 2000 centros de consulta sanitaria. Los pueblos de menos de 200 habitantes tendrían que trasladarse para recibir este servicio esencial y aumentaría el problema de la despoblación en el territorio.

Lo que ahora está a la vista del público son las deficiencias de la sanidad pública en nuestro país y más especialmente en la Comunidad de Castilla y León. La situación límite que hemos vivido ha obligado a los políticos a escuchar a los profesionales sanitarios que llevaban años pidiendo que se recuperara todo lo perdido con los recortes. Los ha dejado en el punto de mira. 

La población rural pide a gritos, a través de pancartas en las plazas de los pueblos que no se les abandone, que se valore y se cuide su sanidad. Cabe esperar si los dirigentes de la Junta los escucharán o dejarán que la población siga huyendo a Madrid.

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