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No todo vale

Julia Sáenz

La pandemia ha obligado a tomar difíciles decisiones no solo al ejecutivo central, sino también a los gobiernos autonómicos. 

Durante el estado de alarma, los focos estuvieron puestos en el gobierno de Sánchez, al estar las competencias bajo su mando único. Aunque se permitió a las autonomías la gestión de ciertos aspectos, como fueron las residencias de ancianos, aún tendríamos que esperar para ver cómo gestionaban las autonomías la vida con el coronavirus.

Ahora, viviendo la nueva normalidad y tras haber visto los primeros rebrotes, por fin podemos analizar las primeras controversias ligadas a decisiones de los gobiernos autonómicos.

Primero vino el ”retroceso a la fase 2” de las comarcas aragonesas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe. 

Para empezar no fue un confinamiento como tal puesto que estas medidas las podía llevar a cabo el gobierno autonómico sin entrar a vulnerar derechos fundaméntales. 

El problema vino con el rebrote de Segriá. El Govern ordenó el confinamiento domiciliario en Lleida y 7 municipios del Segria. Este confinamiento sí que podría considerarse el hermano gemelo al que toda España sufrió durante los meses de marzo, abril y mayo.

Según la orden, que entraba en vigor a las 00.00 del lunes, la población sólo podía salir de su domicilio para lo básico: trabajar, cuidar a personas dependientes, comprar comida, ir a la farmacia o al médico.

Lo que el Govern olvidó es que cuando se trata de restringir derechos constitucionales fundamentales, como es en este caso el derecho a la libre circulacion (art 19 CE) también reconocido en la declaración universal de derechos humanos, no es suficiente una declaración unilateral de un gobierno autonómico, así se lo ha tenido que recordar la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Lleida. 

La jueza ha hecho hincapié en la importancia de que una medida tan restrictiva debe ser proporcionada y no puede ser impuesta con los datos aportados por el Govern de la Genralitat, que no son otros que asegurar que la medida es importante sin justificarlo suficientemente. Esto hace que la decisión pueda tacharse de discriminatoria. 

La función del poder judicial en este caso es proteger que no se vulnere un derecho fundamental en nombre de la salud pública o el derecho a la vida, de una manera tan general y sin saber si es necesaria. Lo único que justificaría dejar a las 160.000 personas que habitan en dichos territorios encerradas en sus casas sería que se demostrara imprescindible esta medida para proteger ese derecho a la vida y la integridad física. La autoridad judicial por último ha recordado al Govern que lo que debe hacer es solicitar al gobierno central que declare el estado de alarma en el territorio de acuerdo con el art 5 de la LO 4/1981. 

Torra, no contento con todo esto, decidió aprobar un decreto ley para intentar burlar esta decisión judicial, entrando en el farragoso terreno no ya sólo de la ilegalidad, sino de la inconstitucionalidad con este acto.

La otra gran controversia se ha dado con relación a 259 gallegos y casi 200 vascos infectados de coronavirus a los cuales se ha impedido votar en las elecciones autonómicas.  Con esta situación volvemos a tener dos derechos constitucionales contraponiéndose. Por una parte el derecho a la vida y la integridad física, que se deriva en la protección a la salud pública, y por otro el derecho al sufragio activo, derecho que es una de las grandes conquistas de la democracia. 

Algunos juristas aseguran que la orden administrativa de los gobiernos autonómicos es suficiente ya que se trata de una minoría de la población mientras que otros, con los que yo estoy de acuerdo, aseguran que una orden administrativa no puede decidir unilateralmente vulnerar un derecho constitucional tan importante aunque sólo hubiera afectado a una persona. 

Los gobiernos autonómicos han realizado un acto nulo de pleno derecho (esto es, un acto desprovisto totalmente del procedimiento necesario) al no pedir una ratificación judicial a esta medida tal y como señala el art 8.6 de la LJCA. Ahora cabe preguntarse si los ciudadanos a los que se ha impedido votar impugnarán la medida o no, pero lo preocupante es cómo el legislativo, amparándose en el peligro de la pandemia, está dispuesto a impedir el disfrute de derechos fundamentales sin ni siquiera consultar al órgano judicial pertinente. 

Está claro que la solución no era que personas infectadas se pasearan por la ciudad y fueran a votar presencialmente pero en un mundo tan avanzado como el actual es extraño pensar que no hubiera otro remedio.

La situación excepcional que estamos viviendo obliga a los dirigentes y responsables a tomar decisiones difíciles y actuar con urgencia, pero no todo vale.

Después de que muchos acusaran al gobierno central de vulnerar derechos fundamentales de manera discrecional y desproporcionada, cabía esperar que cuando las autonomías recuperaran sus competencias, dieran ejemplo. Esperemos que estos primeros pasos en falso les hayan servido para aprender a seguir los cauces legales la próxima vez.

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