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Casado, Sánchez y su particular Juego de Tronos

Autor: Julia Sáenz

Desde siempre hemos oído a los políticos (a algunos más que a otros) utilizar la constitución para atacar a sus oponentes, acusándoles de no cumplir los mandatos de la carta magna. También han utilizado nuestra Constitución para alabarse a sí mismos por defenderla frente a todo. Esta práctica se ha incrementado a raíz del estado de alarma y la gran crisis que ha provocado en nuestro país la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, los políticos una vez más han demostrado su hipocresía y oportunismo a la hora de invocar la Constitución. Durante años la mayoría de partidos políticos han defendido que el respeto a lo escrito en la Constitución es indispensable, y al margen de una posible renovación (o no) de ella, no puedo más que coincidir con ellos. Coincido en la teoría, ya que en la práctica estos han dejado mucho que desear en cuanto a cumplir a lo que esta obliga. Estoy hablando de la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debería haberse hecho efectiva en 2018 por imperativo constitucional y a lo que en repetidas ocasiones ha instado su actual presidente Carlos Lesmes.

De acuerdo con el Pesidente del Gobierno Pedro Sánchez, el pacto para la renovación del CGPJ estaba hecho al 99% pero en el último momento Pablo Casado se echó atrás. Desde el PP  primero señalaron a la presencia de un partido como Unidas Podemos en el gobierno como causa del bloqueo. Esta excusa en principio no parece nada democrática, ya que por mucho que estés en contra de la ideología de un partido, no puedes negar su derecho a participar en una renovación como esta si ha llegado al gobierno democráticamente. Ahora desde el PP exigen que se vincule esta renovación a una reforma del sistema de elección, y que sean los jueces los que elijan a los jueces.

Debo admitir que esta idea no me parece mala, ya que quizá la independencia judicial en la práctica no se consiga por la excesiva dependencia del órgano parlamentario y lo mejor sería cambiar la manera de elegir a los vocales del CGPJ. El modo actual de renovación permite que los políticos intenten controlar el poder judicial y colocar en puestos importantes a personas afines a sus ideas, lo que pueden hacer en mayor o menor medida de acuerdo con su representación.

Sea esta o no la mejor manera de renovar a los vocales, lo que sí tengo claro es que es necesaria para el buen funcionamiento de la Justicia. Este órgano elige actualmente a los principales jueces que deciden sobre la legalidad de las actuaciones en nuestro país, y su renovación es necesaria para intentar garantizar la supuesta independencia judicial.

Sin embargo, los políticos nos han vuelto a fallar. Han vuelto a demostrar que su falta de actitud para llegar a acuerdos y su manía de culpar  siempre al otro de algo que es responsabilidad de los dos sigue estando a la orden del día. Yo no estoy aquí para culpar al PSOE o al PP o para decir si sus justificaciones para no alcanzar el pacto necesario son buenas. Pero lo que sí sé es que es una obligación de sus puestos de trabajo que no están cumpliendo.

El problema es cómo se puede permitir que este mandato constitucional no se cumpla. Si una persona no va al trabajo o no cumple sus obligaciones se le despide. Si lo hace mal, se le sanciona. Si no cumple la ley, se le impone una multa o se le condena. Pero parece que los políticos van al margen. ¿Por qué no se les impone alguna sanción, por ejemplo pecuniaria por cada día que se retrasen en lo que es su deber? ¿Por qué se permiten estas irregularidades cuyo incumplimiento acarrea como mínimo el enfado de la ciudadanía y un tirón de orejas del presidente del CGPJ?

Está claro que si los políticos, como tanto se esfuerzan en defender, hacen todo por el bien de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes (en especial la Constitución) deberían renovar el CGPJ por responsabilidad propia. Pero visto que no lo hacen estaría bien establecer algún mecanismo por el que fueran obligados.

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