Cataluña: 3 años tras el día cero

3 años desde aquel fatídico 1 de octubre de 2017. 1095 días desde la celebración de un referéndum que los tribunales españoles declararon ilegal. Semanas antes de aquel día, las cámaras, los españoles -fuera de Cataluña-, los catalanes y los políticos -de Madrid y Cataluña- solo hablaban de la deriva independentista, de los movimientos que hacían unos y otros, de los recursos al Tribunal Constitucional que presentaba el ejecutivo de Rajoy y de las declaraciones cruzadas que hacían ambas partes. El 1 de Octubre era una incertidumbre para los ciudadanos, para los votantes, para los periodistas, para el gobierno y para los propios organizadores.

Aquel 1 de octubre, Cataluña salió a votar en masa. Los catalanes que se concentraban reivindicaban su derecho al voto y muchos de ellos acudían a las urnas como protesta por la alta presencia policial que Juan Ignacio Zoido -Ministro del Interior en 2017- había desplegado en las calles catalanas. Aquel primero de octubre la fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desplegados bajo el mando de Interior alcanzaron cifras estratosféricas, en Catalunya se desplegaron 6.000 agentes más la colaboración de los Mossos de Esquadra. Los cuerpos de seguridad tenían un mandato claro del gobierno: “Evitar que se votara, requisar las urnas e incautar las papeletas”. El ejecutivo de Rajoy tenía como objetivo evitar la imagen de los catalanes votando, como consecuencia, los fotógrafos y las cámaras de televisión captaron a los catalanes votando y las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y colocaron a España como la cuna de la represión en Europa. Aquel operativo costó 87 millones de euros y dejó más de 1000 heridos. Un operativo, que se basaba en impedir una votación que no cumplía con las garantías constitucionales que legitimaría el resultado final de la votación.

Foto Javier Barbancho. 28/09/2017.Barcelona Comunidad de Cataluña. Cargas policiales calle cerdeña del referendum O-1.

Según la Generalitat de Cataluña se registraron casi 2,3 millones de papeletas, de las cuales el 90% optaban por el “Si” a la independencia de Cataluña. En el “No”se instalaron un total de 176.566 votos (7,8%) y en blanco se registraron 46.686.

Tras las cargas contra los catalanes protagonizadas principalmente por los antidisturbios de la Policía Nacional, España se recuperaba con las brasas todavía ardiendo de las imágenes que aún se repetían en bucle tanto en los medios nacionales como en los internacionales. El día 3 de octubre se llama a la huelga general bajo el lema “paro de país” con el fin de denunciar la represión del 1-O. 

Con la resaca del 1 de octubre tan reciente el Jefe del Estado decide dirigirse a los españoles atacando al ejecutivo autonómico, calificando de “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” la conducta del Govern catalán. Con muchos heridos aún en el hospital la sociedad catalana salió muy molesta con las palabras de Felipe VI. En su discurso, el monarca, renunció a calmar la situación y emplazar al diálogo a ambas partes y tan solo se limitó a criticar las actuaciones del Govern catalán, un ejecutivo que -al igual que sus votantes- ya hacía tiempo que no reconocía a Felipe VI como Jefe de Estado legítimo. La sociedad catalana, como protesta, decidió responder con cacerolas y concentraciones pacíficas.

7 días después de las palabras de Felipe VI, el 10 de octubre, Carles Puigdemont declara la independencia catalana aunque segundos después la suspende con el fin de emplazar al ejecutivo central al diálogo, en este momento coge aún más fuerza la tesis de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. La semana siguiente, la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lamela decide enviar a la cárcel a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, mientras se suceden manifestaciones pacíficas emplazando al Govern a «ser valiente» y aplicar los resultados del 1 de octubre.

Finalmente, la independencia se hace efectiva el 27 de octubre saliendo favorable la resolución en la que el Parlament “asume el mandato del pueblo catalán surgido de las urnas del 1-O”, en ese momento el Gobierno de España con el apoyo del Partido Socialista aplica el 155 en Cataluña tomando el control de las instituciones autonómicas, disolviendo el Parlamento Catalán y convocando elecciones el 21 de diciembre. Con un futuro judicial complicado para los líderes del independentismo, Carles Puigdemont y otros miembros del recién destituido Govern, el 30 de octubre huyen a Bruselas, un día después el Tribunal Constitucional suspende la declaración unilateral de independencia (DUI)

Tras la huida de Puigdemont, el 2 de noviembre la Jueza Lamela envía a prisión a Oriol Junqueras y a 7 exconsellers, a Santi Vila le impone una fianza de 50.000 euros para poder abandonar prisión. Al día siguiente Vila sale de la cárcel y pocos días después ingresa en prisión Carme Forcadell al entender la justicia que la expresidenta del Parlament fue la «ideóloga política de la DUI». Sin embargo, abona la fianza y poco después abandona la cárcel.

La jornada electoral del 21-D acaba con la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas, sin embargo, Inés Arrimadas no puede formar gobierno al no poseer la mayoría parlamentaria necesaria. Con menos diputados pero con la mayoría suficiente, ERC y Junts per Cataluña pueden formar gobierno, sin embargo, el Tribunal Constitucional sentencia que Puigdemont no puede ser president.

En Marzo de 2018 Marta Rovira, la líder de ERC fuera de prisión y Ana Gabriel diputada de la CUP en el Parlament huyen a Suiza para evitar un casi seguro encarcelamiento de la justicia española. Ese mismo mes Carles Puigdemont es detenido en Alemania y llevado a prisión, semanas después sale de la cárcel y regresa a Bélgica. Ante la incapacidad del Parlament de nombrar a Puigdemont presidente de Cataluña, este designa a Quim Torra que es avalado con los votos de la CUP, ERC y Junts Per Catalunya.

En junio, tras la moción de censura, Rajoy es destituido y Sánchez forma gobierno. Desde Cataluña, Torra lanza un ultimátum al recién estrenado gobierno central para plantear un referéndum de autodeterminación, el gobierno no cede y los nacionalistas retiran su apoyo al gobierno socialista dejándoles sin la mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El fin del apoyo de los nacionalistas obliga a Sánchez a convocar elecciones en abril, sin acuerdo, el gobierno emplaza a los españoles a votar de nuevo. Entre tanto, comienza el juicio contra los líderes independentistas que finaliza con una condena de 13 años para Oriol Junqueras, la pena más alta.

Esta condena cae de manera muy brusca en el territorio catalán traduciéndose en manifestaciones pacíficas y violentas por las noches.

Con el nuevo Congreso de los Diputados conformado tras las elecciones del 10-N, Sánchez necesita los votos de ERC. Un Esquerra más sosegado y alejado de las ideas unilaterales de 2017 plantea como condición necesaria para darle su apoyo a Sánchez la creación de una mesa de diálogo para resolver el problema político existente en Cataluña. Sánchez se la concede y consigue, de nuevo, tomar el Palacio de la Moncloa para presidir el primer gobierno de coalición desde la II república.

3 años, 1095 días después, solo se han conseguido aprobar unos presupuestos catalanes. La división de la sociedad sigue estando latente, alimentada por los propios partidos, tanto por los mal llamados ‘constitucionalistas’ como por algunos sectores del independentismo, y la deriva independentista unilateral ahora está monopolizada por los sectores más radicales representados por la CUP y Carles Puigdemont que incluso tras lo vivido por sus compañeros de gobierno evita renunciar a la vía unilateral. 

Cataluña ha sido de nuevo protagonista esta semana por la inhabilitación de Quim Torra. Una inhabilitación que llega tras el reconocimiento del propio Quim Torra de desobedecer al Tribunal Supremo con el único fin de apartarse de la política catalana como un mártir igual que su mentor, el huido Carles Puigdemont. 

Hoy por hoy, la vía unilateral no está sobre la mesa y es ERC quien tiene la clave para solucionar el conflicto político abierto por Artur Mas hace más de 10 años con el único fin de esconder los recortes más bárbaros al estado de bienestar en nuestro país. ERC y el PSOE están condenados a entenderse para solucionar un conflicto que afecta principalmente a las clases más bajas de la sociedad catalana y una coalición en cataluña entre ambos partidos podría ser el comienzo del fin de un problema político que se ha llevado demasiado lejos.

Un periodista deja de serlo cuando ofrece como información lo puramente subjetivo.

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