Monsieur Montesquieu, le necesitamos

Autor: María Carballo Gutiérrez

¿A qué se debe el deliberado y descarado atropello de competencias judiciales en las democracias? Y lo más importante ¿por qué se sigue permitiendo?,¿por qué el pueblo permanece impasible ante semejante atentado contra las bases de la democracia? Muy sencillo, nos seguimos olvidando de la historia. Una de las disciplinas académicas más menospreciadas y maltratadas a pesar de ser la pieza fundamental del progreso. Todo el mundo está siempre preocupado por el futuro, nada más parece importar ¿Dónde reside entonces la importancia de estudiar nuestro pasado?, pues precisamente y muy paradójicamente en nuestro futuro, la historia siempre se repite y no aprendemos.

Uno de los más claros síntomas de la erosión del Estado de Derecho es cuando la justicia deja de ser independiente. Lo que está ocurriendo es algo verdaderamente preocupante, y como ciudadanos todos y cada uno de nosotros deberíamos oponernos con dureza, esto es una cuestión que escapa a ideologías, principalmente porque todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país han llevado a cabo reformas del poder judicial en función de lo que les ha convenido. Es realmente triste ver como el partidismo y el fanatismo se han normalizado tanto que han terminado por dejar en un segundo plano a la razón. De veras creo que no es tan complicado de entender que todos estos intentos por parte de los ejecutivos de poner a la justicia a su merced nos perjudican a todos, seamos afines al partido que seamos, es un atentado directo contra los pilares de nuestra democracia, están atacando nuestra soberanía nacional, llevan haciéndolo años, pero permanecemos impasibles cuando el ejecutivo de turno lleva nuestros colores.

Hemos aprendido muy poco de la historia, la tiranía no beneficia a nadie. Creo a todos nos vendría bien realizar un pequeño repaso, hablemos de Montesquieu.

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado, corriente de pensamiento que constituye el germen de todas las democracias liberales de nuestros días, recogió en su obra “El Espíritu de las leyes” las siguientes palabras “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Las ideas de Montesquieu fueron absolutamente rompedoras en una época en la que un solo hombre reinaba sobre todo y todos, incluida, por supuesto la justicia, también bajo su merced.

De esta manera Montesquieu deja claro que la división de poderes es uno de los pilares básicos sobre los que debe erigirse cualquier régimen democrático. El embrión de nuestros modelos de estado democráticos corresponde con el prototipo de régimen que él elaboró, basado en un sistema de tres grandes poderes en el que ninguno mandase sobre el resto, es decir, un modelo de gobierno de pesos y contrapesos. El poder legislativo reside en el Parlamento, elegido por el pueblo, este, atendiendo a la mayoría dominante elige así al Gobierno, sobre el que recae el poder Ejecutivo, encargado de elaborar las leyes siempre en consonancia con el Parlamento. Unas leyes que los jueces deben administrar y aplicar en nombre del pueblo, los verdaderos soberanos. Tal y como también se recoge en su obra “los jueces debían ser la voz muda que pronuncian las palabras de la ley”.

Dicho esto, ¿En qué consiste la Reforma del Consejo del Poder Judicial que propone el Gobierno? ¿Qué otras reformas se llevaron a cabo en su día por la oposición con respecto al poder judicial persiguiendo exactamente lo mismo?

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno del poder judicial, integrado por jueces y otros juristas, cuyas funciones tienen la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. La función de Gobierno del Consejo versa sobre materias tales como los nombramientos, ascensos, y traslados; la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera Judicial.

Este órgano lo forman 20 vocales, 12 de ellos corresponden a jueces y magistrados, quienes son propuestos por los propios jueces a través de las asociaciones judiciales ,mientras que los 8 restantes, abogados y juristas de reconocida trayectoria, son propuestos por los grupos políticos parlamentarios. Pues bien, tal y como se establece el artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial la composición de este consejo será renovada cada 5 años y deberá ser aprobada por mayoría cualificada (3/5 de los votos totales en cada cámara) en nuestro parlamento.

He aquí la esencia del problema, nuestro parlamento es bicameral, dividiéndose así en Congreso y Senado de manera que, tal y como se menciona anteriormente, para que esta renovación pueda salir adelante ha de ser aprobada por mayoría cualificada en cada cámara, es decir, 2 votaciones. Se deberán obtener 210 votos a favor en el Congreso y 159 votos a favor en el Senado. ¿Qué pretende el gobierno? Emprender una reforma de la Ley Orgánica que regula las bases de esta votación con la pretensión de reducir el número de diputados y senadores requeridos para sacar adelante su propuesta, en otras palabras, rebajar la mayoría cualificada a unas más simple asegurándose así un mayor control del poder judicial.

Desde siempre todos los partidos políticos han tratado de controlar la Justicia, buscando de manera indirecta, a través de este control, colocar en nombramientos judiciales importantes a personas afines a su partido.

Tampoco hemos de olvidar cómo en el año 2013 el Partido Popular, por aquel entonces liderado por Mariano Rajoy, impulsó otra reforma de esta Ley Orgánica permitiéndoles así confeccionar el CGPJ a su medida. Esta reforma tenía como objetivo permitirles aprobar en solitario la composición del Consejo General del Poder Judicial, sin la necesidad de ningún voto a favor por parte de ninguna otra fuerza política. Incumpliendo de esta manera su propio programa electoral por el que apenas dos años atrás se comprometían a garantizar que la composición del Consejo General del Poder Judicial dependería única y exclusivamente de los propios jueces.

Sencillamente bochornoso, la conducta de nuestra clase política constituye un gravísimo ataque a la soberanía ciudadana, a nuestra democracia y tenemos la obligación de pronunciar nuestro más absoluto rechazo ante esta situación siempre que tenga lugar. Siempre, pero no únicamente cuando el gobierno que encabeza el ejecutivo no corresponde con nuestro voto en las urnas. La soberanía nacional recae sobre toda la ciudadanía, y por ello todos debemos alzar la voz cuando las bases de nuestra democracia, que tantos años y tanto sufrimiento costó instaurar, se ven amenazadas.

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