La justicia, nuestra asignatura pendiente

Autor: Alba Orche

Me tentó empezar este artículo con la cita de algún célebre jurista. Sin embargo, caí en la cuenta de que la pompa y circunstancia me alejaban del objetivo que me he propuesto lograr cada fin de semana de la mano de Incógnita, el cual pasa por bajar el mundo del Derecho y sus debates de la Torre de Cristal a la que erróneamente unos y otros han subido a la disciplina que es el eje vertebrador de la convivencia de cualquier grupo humano. Y es que el Derecho no es una materia aséptica, ajena a la gente y a su cotidianidad. Todo lo contrario, el Derecho solo tiene sentido si se piensa y estudia desde la perspectiva de que es LA herramienta por excelencia de ordenación de una sociedad.  Por ello, la saga de artículos que inaugura el presente texto busca explicar de forma sencilla cuestiones complejas relacionadas con la ley y el ordenamiento jurídico español.

En este orden de ideas, qué podría resultar más conveniente para concluir la semana que hablar de la discutida reforma del Consejo General del Poder Judicial (de ahora en adelante, CGPJ). A pesar de que en este país todo el mundo es médico, ingeniero u abogado, voy a tener la prudencia de empezar por el principio, respondiendo a la pregunta básica de qué es este órgano. Con la llegada de la democracia, se despojó al Gobierno de la posibilidad de nombrar a los cargos más importantes del Poder Judicial a su arbitrio. Así, basándonos en los modelos de constitucionalismo francés e italiano, se creó un órgano independiente para llevar a cabo no solo esta, sino otras tareas, entre la que destaca, supervisar el correcto ejercicio de las funciones de los miembros de la carrera judicial. Por tanto, del tenor del art. 122 de la Constitución, se concluye que es una institución colegiada y autónoma responsable del gobierno de los Jueces y Magistrados, que ha de velar por garantizar la independencia de la Justicia.  

Habiendo aclarado este primer punto, la siguiente cuestión de interés es saber cómo se eligen sus miembros. El primer CGPJ, constituido en 1980, estaba formado por 12 vocales elegidos por los propios jueces y 8 más designados por las Cortes (Congreso y Senado). De entre ellos, se escogió como Presidente del mismo, y a su vez del Tribunal Supremo (de ahora en adelante TS), a Federico Carlos Sainz de Robles. Sin embargo, en 1985 el PSOE de Felipe González optaba por modificar este sistema de elección, de manera que todos los miembros del CGPJ fueran nombrados por las Cámaras. Comenzaba entonces a peligrar uno de los pilares del correcto funcionamiento de un Estado democrático: la separación de poderes, principio político enunciad por Montesquieu en el S.XVIII. A este respecto, la mano derecha del ex presidente del Gobierno, Alfonso Guerra, no pudo haber sido más revelador “por la estructura de poderes de esta país, estamos viviendo en el tiempo de Montesquieu y ese señor hace mucho tiempo que murió”.

Las sucesivas enmiendas operadas sobre el sistema no han hecho más que incrementar el poder de diputados y senadores sobre la Administración de Justicia. En 2013 el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón articuló una reforma que encendió los ánimos del CGPJ. En la exposición de motivos de la ley (apartados II y III) se indicó que con ella se buscaba despolitizar la justicia al introducir criterios de representatividad de la carrea judicial y principios de mérito y capacidad en el nombramiento de los cargos. El Consejo emitió un crítico dictamen al respecto (recibió el apoyo de 15 de los 29 vocales del CGPJ), en el que subrayaba que la reforma suponía la sumisión del Poder Judicial al ejecutivo

De esta forma, el COGPJ hoy consta de 20 vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes (Congreso y Senado), de entre jueces y juristas de reconocida competencia. De este modo, la cuota de cada Cámara es la que sigue:

  1. Vocales propuestos por el Congreso:
  2. Entre Jueces y Magistrados: 6
  3. Entre juristas de reconocida competencia: 4

Total: 10

  1. Vocales propuestos por el Senado:
  2. Entre Jueces y Magistrados: 6
  3. Entre juristas de reconocida competencia: 4

Total: 10

El Presidente, que lo será también del Tribunal Supremo, será uno de entre los 20 vocales, elegido por el propio Consejo General del Poder Judicial en el Pleno. El mandato de todo el órgano es de 5 años, sin posibilidad de que sus miembros sean reelegidos. La mayoría exigida para efectuar la designación de los vocales por las Cortes es de 3/5, es decir, mayoría cualificada.

Ahora bien, la siguiente pregunta que se estarán haciendo los lectores es “¿por qué es relevante para mí el método de designación de los miembros del CGPJ?”. En primer lugar, porque los jueces son, como todos los mortales, personas con sesgos, se crían en un entorno cultural y social determinado y ello condiciona su forma de pensar. Y esto no es ni bueno ni malo, sencillamente es. A pesar de que procuran que tales sesgos no interfieran en el ejercicio de su cargo, provocan que indefectiblemente vean la realidad bajo un prisma determinado. Así, un juez que deba interpretar el concepto intimidación en una causa penal, si es de corte conservador apreciará unos matices y si es de corte progresista otros. Anteriormente hemos dicho que el CJPG se ocupa de elegir cargos como la presidencia de las Salas del TS, la AN, los TSJ, entre otros. Las sentencias y resoluciones emitidas por esos órganos son, al fin y al cabo, pronunciamientos decisorios sobre cuestiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, desde un divorcio, pasando por un desahucio, hasta un homicidio. El verdadero problema es que, si en el CGPJ no se encuentran jueces y juristas de uno y otro cariz, es difícil de que se den cuenta de que la realidad es cuestión de perspectiva.

Esta línea de razonamiento nos conduce a un segundo argumento que engancha directamente con la propuesta de reforma del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Yendo al centro del debate, se plantea sustituir la mayoría de 3/5 actualmente requerida para efectuar la renovación del CGPJ al final de su mandato por una mayoría absoluta, es decir 50% +1, siendo por tanto necesario conseguir que se pongan de acuerdo al respecto un menor número de diputados y senadores ¿por qué? Porque es más sencillo que te den la razón quienes piensan como tú que quienes piensan de forma diferente, y ahí es precisamente donde está la última garantía para preservar la independencia del Poder Judicial, en la promesa de diálogo que representa esa mayoría de 3/5 en un Parlamento por primera vez tan fragmentado, que está condenado a salir del inmovilismo para sobrevivir.

Con medidas como esta se retira a Temis, diosa de la Justicia e imagen que tradicionalmente se utiliza para representarla, la venda que porta sobre los ojos. Lo cual me hace pensar que fuimos o más reflexivos o más sinceros en el pasado de lo que lo somos hoy. Y es que los dioses griegos y romanos se construyeron con rasgos, pasiones y defectos humanos. Temis no era una excepción, y por eso es un gesto de prudencia en ella vendarse los ojos para tomar sus decisiones. Puede que volver al sistema de 1980 nos ayude a poner de nuevo la que posiblemente, es la única venda que nunca debería caer.

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