¡Es la democracia, estúpido!

Congress of Deputies of Spain.

Por Marcos H. de la Morena

El 10 de noviembre de 2019, 24.507.715 españoles introdujeron una papeleta válida en una urna para ejercer su derecho al voto ante unas nuevas elecciones generales. Los resultados de esta jornada son por todos conocidos: el PSOE de Pedro Sánchez se alzaría con la victoria, con 120 escaños y 6.792.199 votos, con un PP en remontada gracias al descalabro de Ciudadanos que haría dimitir a Albert Rivera, y una preocupante subida de la extrema derecha encarnada por Vox y sus 52 diputados, con los que pasaba a ser tercera fuerza nacional.

Con este retrato del paisaje, no muy diferente en cuanto a grupos parlamentarios respecto a los anteriores comicios, era del todo lógico que los socialistas acabasen conformando un gobierno de coalición con Podemos, cediendo algunas competencias, y buscando apoyos en las formaciones más a la izquierda del Congreso para sacar adelante una investidura. Algo que, no obstante, le sería reprochado hasta la saciedad al jefe del Ejecutivo por parte de la bancada de la derecha, aludiendo a sus pactos con partidos como ERC o EH Bildu. 

Es en estos últimos donde recae el peso de una de las mayores polémicas de la ardiente actualidad. Mirando los números, los cinco representantes que los independentistas vascos tienen en la Cámara Baja están apoyados por el voto de 277.621 personas. Una cifra nada desdeñable, contando además con que uno de sus escaños dejó fuera al popular Javier Maroto, exalcalde de Vitoria que afirmaba “no tener problema” en pactar con ellos, y que se vio obligado a empadronarse en la localidad segoviana de Sotosalbos para poder continuar su andadura en la política nacional.

277.621 votantes y una pregunta: ¿Son menos válidos sus escaños? A nadie se le escapa que EH Bildu no es una formación moderada. Y por supuesto, no es difícil de comprender que, de una forma u otra, son herederos o hermanos de Herri Batasuna o Sortu, que en su día tuvieron posiciones cercanas a las de la banda terrorista ETA. Esa realidad es ineludible. Pero eso no quita para que, efectivamente, sigan siendo 277.621 personas las que, con su libertad como ciudadanos, decidieron introducir su papeleta en una urna y otorgarles su confianza. Y por tanto, tienen la misma legitimidad para sentarse en un sillón del Congreso como cualquiera de los otros 345 políticos que así lo hacen a su alrededor (al menos, mientras el TC no diga lo contrario).

La principal oposición que se encuentra a las posturas de Oskar Matute o Mertxe Aizpurua es aquella que proviene de las cada vez más polarizadas gargantas de los grupos de la derecha, aludiendo sin medida al manido argumento de que “son terroristas”. Es obvio que no lo son. Pero si es necesario ir más allá, la premisa es más sencilla aún. En los peores años de ETA, cuando más muertes por atentados se notificaban, la petición total desde todos los partidos era la misma: dejen las armas y reclamen lo que crean oportuno por la vía pacífica, es decir, por la de la política. Incluso aunque fuese de forma hiperventilada y con retóricas vehementes, era extremadamente preferible que las posiciones de la izquierda abertzale se defendiesen desde un escaño, y no detonador en mano. El “gritad, porque mientras gritáis no matáis” de Ernest Lluch.

Y lo hicieron. El 20 de octubre de 2011, la cúpula de ETA anunciaba el cese definitivo de las armas. Era el triunfo total y absoluto de la democracia en España. Y no se habría conseguido si no se les hubiese abierto esa puerta. El terrorismo acabó porque se encontró una forma no violenta de vehicular sus protestas. No hay mejor definición de pacifismo. 

Pero ahora, a fecha de 2020, aquellos que acusan a otros partidos de reabrir heridas con conflictos anteriores, no cesan de ahondar en la llaga más reciente y sangrante. ETA ya no existe, por suerte, pero la retórica de desestimar y deslegitimar la participación de Bildu en el Congreso es demasiado golosa para una derecha que solo busca que sus propios números cuadren. 

Y es que la lucha por la democracia también va por ahí. Inés Arrimadas, sorpresivo apoyo a los PGE del Gobierno de coalición, enarbolaba sus argumentos desde la tribuna de la Cámara Baja solicitando a Pedro Sánchez que rompiese toda comunicación con Bildu ante las negociaciones de las cuentas estatales. “Tienen que elegir. O la moderación o las cacicadas nacionalistas. O la vía de Ciudadanos o la del separatismo y de Bildu”, repetía incansable la representante de los naranjas. Y, con ello, una pregunta empezaba a instalarse en quien no caía en su dicotomía: ¿Por qué hay que elegir? 

En un Estado de derecho, la tarea principal de un Ejecutivo es la de llegar a acuerdos. De hecho, la política consiste nuclearmente en el arte de alcanzarlos. Y es comprensible que, dentro de una situación tan relevante como la de la aprobación de unos Presupuestos, cuantos más apoyos se sume, mejor. ¿Por qué habrían de rechazarse los ‘síes’ de un grupo parlamentario legítimamente elegido por sus votantes y que está dispuesto a mostrarse a favor de las cuentas para todo el país? El PP de Pablo casado hace una defensa similar de sus pactos con Vox por todo el país. ¿Para la derecha es válido, pero para la izquierda no?

Es más, no se escapa el hecho de que, a la hora de pulsar los botones desde su bancada, Bildu y Ciudadanos estarán apretando la misma casilla en este caso, la del Sí. Por esa razón Arrimadas quiere una ruptura con los abertzales, para no tener que quedar retratada, aunque sea por un momento, en su bando. Y precisamente por eso, desde el PSOE en gran parte, y desde Podemos al completo, se ve con relativos buenos ojos esa cantidad ingente de números a favor de los PGE de 2021. 

Porque, si todo sigue el camino que parece, no solo tendrían los 176 justos para sacar adelante las cuentas, sino que se subirían a una amplísima mayoría absoluta gracias a ERC, Cs, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria —sin olvidarse de la más que posible abstención del PDeCAT—. Políticos de toda ideología y condición, representando a personas de toda ideología y condición. 

Lo más relevante es que esto no son solo números. Es la interpretación absoluta de que la ciudadanía española refrenda un acuerdo de mayorías, de consenso. Por mucho ruido que haya desde un lado del Congreso, y pese a quien pese, los votos de todos los diputados, al igual que los de todos los españoles, valen lo mismo. Y antes que dividir, lo importante siempre ha sido sumar. No es nada nuevo: se llama democracia. 

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Historia Anterior

#JuventudPresenteyVotando Sabela Rodríguez: “Generalmente la juventud es la rata de laboratorio de la precarización”

Siguiente Historia

Justicia a primera vista

Lo último de Opinión