Castilla y León: Despoblada, abandonada y mal gestionada

Autor: Julia Sáenz

La comunidad de Castilla y León se ha caracterizado durante esta pandemia por ser una de las Comunidades más duras -si no la que más- en cuanto a restricciones. Mientras el Gobierno autonómico de Madrid, liderado por el PP, pedía que se aflojaran las medidas, y ahora que tiene la gestión, flexibiliza las tomadas por el Gobierno central, en Castilla y León, comunidad también gobernada por el PP, pasa todo lo contrario. Desde mi punto de vista, al principio era comprensible, e incluso deseable, que nos “pasáramos” de cautos, pero lo que valía hace unos meses ya no sirve ahora.

Llevamos ya ocho meses conviviendo con la COVID-19, pero muchos políticos aún pretenden que “nos traguemos” excusas como la imprevisibilidad o la fuerza mayor. Aunque está claro que faltan mucho estudio para comprender bien la propagación del virus y la mejor manera de luchar contra él, también tenemos bastantes certezas.

Una de ellas es que el cierre de comercios, bares y terrazas, es una medida muy dañina económicamente, y muy poco efectiva a nivel de controlar la propagación del virus. Se ha demostrado que el porcentaje de contagios en estos espacios es mínimo, y, es más, que cerrándolos, se empuja a la gente a concentrarse en sitios privados -como una casa- donde el riesgo de propagación es verdaderamente alto.

Puedo comprender también, que, ante el ingente número de casos que había en octubre en la Comunidad de Castilla y León, el Gobierno autonómico intentara conseguir por todos los medios a su alcance -ya que controlar las reuniones en espacios privados no lo está- que los casos bajaran. Sin embargo, aquí estamos un mes después, y los bares y comercios siguen cerrados. En su hermetismo y su defensa de que lo mejor es tomar medidas estrictas, el gobierno de Castilla y León, no ha mirado más allá de sus fronteras.

Podría haber seguido el ejemplo de Aragón que permite que los servicios no esenciales abrieran pero solo hasta las ocho, o quizá el de Andalucía, que lo permite hasta las seis y cerró perimetralmente sus pueblos y ciudades (aunque personalmente no creo que cerrar unas horas antes o después sirva de mucho) Podría, incluso -y eso que en general no soy la mayor fan de la gestión de Ayuso- haber seguido el ejemplo de Madrid. Es cierto que quizá el rastreo no se haga como debiera, ya que no se hacen muchas veces pruebas a contactos estrechos y si se hacen cribas masivas con antígenos, pero bien es cierto que si el número de contagios fuera mucho más alto de lo que las cifras indican, al final “explotaría” esta verdad en forma de hospitales colapsados.

Ha pasado ya un mes y se ha demostrado, de una manera u otra, que dentro de unas medidas mínimas como mantener la distancia o limitar el número de personas que pueden reunirse entre otras, el cerrar o abrir los servicios no esenciales, o hacerlo a unas horas u otras, no marca la diferencia. Es verdad, ahora Madrid es una de las comunidades que menos casos tiene del coronavirus, pero también hay que tener en cuenta que el número de casos fue preocupante mucho antes que en cualquier comunidad, allá por septiembre.

Si, como ha mostrado este mes de medidas dispares, la solución de cerrar bares y comercios no es la más eficaz para cerrar los contagios, el sacrificar la economía por la salud púbica ya no tiene sentido ni sirve como excusa.

Podríamos creer que esta reticencia a levantar las medidas es más fruto de un intento de no admitir que quizá esta vez su modelo de gestión estricto ha perjudicado más que ayudado. Podría pensarse incluso que el Gobierno autonómico ni siquiera se ha planteado analizar las distintas medidas tomadas en las diferentes comunidades y analizar como han incidido en la propagación del virus, antes de decidir si seguían con estas restricciones.

Lo que tampoco se puede dejar a un lado, son posibles demandas de responsabilidad patrimonial. Los dueños de los bares afectados, podrían demandar a la administración autonómica por las pérdidas económicas que hayan tenido debido a su gestión. En este caso, los demandantes podrían demostrar como la administración no tenía por qué tomar esa decisión, ya que la incidencia de contagios en sus establecimientos era mínima y en otras comunidades no se ha hecho. Además otras medidas eran posibles y probablemente más efectivas como puede ser reforzar la sanidad primaria.

Aunque aquí estriba el principal problema de la gestión de los ejecutivos durante estos meses de pandemia (tanto el central como los autonómicos). Los gobiernos se han inclinado más por restricciones personales, que afectan a la ciudadanía y no les provocan ningún cargo a ellos-cierre de establecimientos, mascarilla obligatoria a todas horas y en todas partes…- antes que invertir dinero en lo que de verdad salva vidas: la sanidad. Lo que quizá no han tenido en cuenta es que también pueden perder dinero por las demandas fruto de su gestión, y aunque no sea su propio dinero, no podemos olvidar que el dinero público no es que no sea de nadie, sino que es de todos y debemos exigir un buen uso del mismo.

En derecho nada es blanco o negro, y por tanto, si en el futuro cercano asistimos a esta clase de demandas, será el juez quien tendrá que dirimir si la administración debe hacerse cargo. Sin embargo, hay algo que ya no “cuela” después de convivir ocho meses con la pandemia: la imprevisibilidad.

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