La “gran solución” universitaria para la docencia durante el coronavirus

Autor: Julia Sáenz

Después del final abrupto del curso universitario 2019/2020, en verano tocaba organizar como iba a ser el curso 2020/2021 de la manera más segura, más justa y mejor posible para los estudiantes. O eso aseguraban políticos y universidades. Manuel Castells, Ministro de Universidades, propuso a las autonomías un plan para rebajar los precios de la matricula: reducir el coste de la primera matrícula de grado, así como decidir un precio máximo para el país e ir rebajando progresivamente durante los siguientes años las tasas.

Finalmente, se acordó la prohibición de subir en ninguna autonomía el precio de la tasa por encima del 15% de la media del país. Además, esta medida no se aplicaría hasta el curso 2022/2023

Está claro que cualquier medida es bien recibida, pero me pregunto en qué se basa el precio del crédito que debemos pagar en la universidad. Cataluña y Madrid, son las comunidades que más alto tienen el precio por crédito académico, estando alrededor de 26 euros -con ligeras variaciones dependiendo de la carrera- para este año 2020. No se ha visto una rebaja en este coste para el nuevo curso, ya que todos los posibles cambios o reducciones se prevén para otros. Sin embargo, el año académico en el que se ve afectada la presencialidad es este y probablemente no los futuros. En las universidades a distancia – por ejemplo la UNED- el precio por crédito baja hasta aproximadamente los 13 euros, una diferencia significativa. No obstante, este año, en ciertas universidades el servicio ofrecido a los alumnos es igual al de estas o incluso peor, así y todo, las tasas se mantienen.

La mayoría de universidades -también en Madrid- han optado por un sistema mixto presencial-online en el que cada alumno tiene dos semanas presenciales y dos de clases en remoto. A pesar de lograr ofrecer una presencialidad del 50%, los precios siguen exactamente igual que el año pasado y la universidad no aporta nada a cambio de las dos semanas que el alumno no usa las instalaciones y debe visualizar en su domicilio las clases. Si las universidades se niegan a bajar el precio y exigen el uso de internet y la tecnología en universidades presenciales donde no debería ser obligatorio, al menos podrían destinar parte de ese exceso de dinero pagado por el alumno a procurar internet para ellos sin que tuvieran que hacer un desembolso extra.

Aunque esta situación ya es bastante grave, la Universidad Rey Juan Carlos va más allá. El sistema mixto de presencialidad-online consiste para cada alumno en dos semanas en remoto, una de “trabajo autónomo” y tan solo una de presencialidad (en algunas facultades no llega ni a esa periodicidad), por supuesto manteniendo el mismo precio por crédito.

Es mejor que nada el hecho de prometer bajar las tasas en el futuro, pero no es suficiente. El año en el que el alumno paga por instalaciones que no usa y una presencialidad casi inexistente -en el caso de la URJC sobre todo- es cuando se debe bajar el precio por crédito. Conviene recordar que la justificación de la elevada cuantía de la matrícula en una universidad presencial y diferencia con el de la universidad a distancia son justo las ventajas de esta presencialidad que no se están disfrutando. Ya bastante injusto fue para el alumnado pagar una matrícula completa para recibir los escasos servicios -o en algunos casos nulos- durante los meses de la pandemia, aunque ahí se podría “justificar” por la imprevisibilidad de las medidas. Sin embargo, ya llevamos cerca de un año viviendo con el virus, y esta clase de excusas no valen. Las universidades siguen aprovechándose del alumnado y de sus necesidades. Le mantienen callado con promesas muchas veces vacías y medidas que, en cualquier caso, no son suficientes.

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