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Érase una vez la globalización

Érase una vez un mundo desarrollado, un mundo en el que los electrodomésticos se hacían en las áreas metropolitanas más cercanas y no en oriente, un mundo en el que los trabajadores tenían derechos porque no tenían miedo a protestar por sus condiciones laborales y que se llevasen sus puestos de trabajo a Asia, un mundo en el que las desigualdades eran menores porque existían impuestos progresivos. Era, en definitiva, un mundo en el que las personas importaban más que los números.

Las sociedades que crearon el Estado del bienestar son las sociedades que surgieron tras la segunda guerra mundial, sociedades en las que las élites europeas entendieron que avanzar en el reparto de la riqueza y los derechos era avanzar para todos, y que avanzar para todos era necesario si no se quería repetir el surgimiento de los fascismos y los comunismos del periodo de entreguerras.

Estos modelos, los que ayudaron a reducir las desigualdades, establecieron unas garantías mínimas para los trabajadores y fomentaron unos sistemas de coberturas públicas que estuvieron vigentes hasta la década de los 80 con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder. Fueron ambos líderes anglosajones quienes comenzaron a cambiar el paradigma mediante el comienzo de la conocida “Revolución liberal” en la que vivimos desde entonces, la que básicamente trata de desmantelar el papel del Estado en las economías con el objetivo de favorecer el comercio internacional y un supuesto crecimiento económico en beneficio de todos. Un proceso que ha crecido exponencialmente con el avance de las nuevas tecnologías, medios de transporte y el retroceso del movimiento sindical.

Con la liberación de las economías y las restricciones financieras se ha conseguido llegar a un mundo cada vez más globalizado, en el que el papel regulatorio de los Estados es cada vez más difuso, permitiendo así la instauración de un nuevo modelo productivo amparado por unas ambiguas instituciones internacionales: el de las cadenas globales de valor.

Este sistema productivo, caracterizado por establecer las diferentes fases de la producción en diferentes Estados según sus costes y rentabilidad, tiene por principal víctima a las clases medias de los países desarrollados, ya que, pese a que estas tengan el acceso a productos cada vez más variados y por precios cada vez más asequibles, se ha tendido a generar un mercado global del trabajo que deja muy desprotegidas a las personas, generando unos salarios cada vez inferiores por la existencia de un mayor número de personas dispuestas a acceder a los mismos puestos por condiciones cada vez inferiores.

En definitiva, el actual sistema de relaciones internacionales viene a ayudar a las grandes empresas y personas con suficiente capacidad como para acceder al capital de las mismas mediante la compra de acciones o productos financieros, salvaguardados por una serie de instituciones internacionales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, encargadas de asegurar el respeto de las pautas marcadas por los actores mencionados anteriormente. Esto no hace sino que perpetuar un colonialismo de iure sobre los países menos desarrollados por parte de sus antiguos colonos, cuya industria nacional depende enormemente de formar parte de alguna de esas cadenas de valor o de proveer las materias primas necesarias para la producción en las mismas.

Este sistema, paralelamente, está perjudicando a las personas en otros ámbitos, como pueda ser el desarrollo de pequeñas empresas en el seno de los países occidentales por no poder competir en costes con las grandes multinacionales que se benefician del acceso dichas cadenas globales de valor y los bajos salarios de los países en los que se encuentran, generando un círculo vicioso (o virtuoso, según quien lo vea) del que muy difícilmente se puede salir.

El problema que afronta actualmente la economía española es fundamentalmente el planteado en la mayor parte de occidente: la financiarización de la economía. Pues la mayor parte de la economía global no se encuentra en la conocida como Economía Real, de la que participamos todos y que consiste básicamente en el trabajo, la producción y el consumo de bies y servicios, sino que se encuentra en un escenario paralelo al que la mayor parte de las personas no tiene acceso por incapacidad financiera y desconocimiento: el mundo Off Shore y los paraísos fiscales, la participación en títulos empresariales y activos financieros.

El problema procede de que, en el afán recaudatorio de los grandes patrimonios, se dirige gran parte de dichos fondos hacia ese mundo financiero sin reinvertirlo en la sociedad o empresa generando valor para la misma. El mundo Off Shore es un mundo en el que el dinero tiene signo de entrada pero no de salida, provocando que cada vez haya más personas viviendo con menos mientras que los grandes patrimonios son cada vez más poderosos. Lo preocupante de ello es que este aumento de las desigualdades viene precisamente fomentado por el retroceso del papel regulatorio de los Estados.

Es aquí donde debe surgir nuevamente el papel del Estado, estableciendo barreras legales que fomenten que cierta parte del capital o los beneficios empresariales fueran reinvertidos en las propias empresas, tecnología o los propios trabajadores, de tal modo que, sin importar el ámbito en el que se emplease, beneficiara al conjunto de la sociedad.

De esa forma se generaría una institución nacional más sólida que le otorgase un papel más fuerte al Estado, se generaría un avance tecnológico extendido que permitiera un paulatino acceso a las nuevas tecnologías al conjunto de la población y, por tanto, una fortaleza comparativa de esa sociedad por tenner unos costes cada vez inferiores, o bien se generarían unas condiciones laborales para los empleados cada vez mejores, ya fueran estos mejores salarios, mayores días de libranza o mejores prestaciones laborales (como cafeterías, salas de descanso…) que ayudasen a las personas a sentirse mejor dentro de sus puestos de trabajo, aumentando de la misma manera la productividad empresarial.

Por otro lado, con el avance de la Globalización y el libre tránsito de capitales, los Estados han comenzado a tener problemas para el mantenimiento del Estado del Bienestar. El presente sistema, que fomenta una competición entre los mismos para la captación de financiación mediante una bajada generalizada de los impuestos (lo que algunos conocen como el dumping fiscal), sin duda ha tenido unos efectos devastadores sobre el estado del Bienestar, que explotó con la Gran Recesión de 2008 y que se manifiesta muy activamente con la presente crisis de 2020. Esta precarización del sistema pone de nuevo contra las cuerdas a la cada vez más difuminada clase media.

Sin duda los principales perdedores de la globalización han sido las clases trabajadoras del mundo occidental, que son cada vez más vulnerables, y los Estados como agentes internacionales, quienes tienen cada vez menos herramientas para dar solución a las demandas de sus ciudadanos, mientras que los beneficiados son los de siempre, las grandes empresas, que se benefician de los bajos costes de la mano de obra en los países de origen y los elevados precios en su destino final y las personas con el capital suficiente como para poder participar del capital de las grandes sociedades.

La actual crisis del Coronavirus ha hecho aflorar los problemas sistémicos del modelo una vez más ¿Servirá para cambiarlo y recuperar los derechos de todos o servirá para confrontarnos a través del crecimiento de los populismos?

Los problemas locales son varios, pero no irrevocables, sin embargo también son difíciles de lograr, puesto que realmente no requieren un cambio del régimen, sino que resultan principalmente en un cambio de la mentalidad colectiva. En los últimos tiempos se viene fomentando la individualización y la autoexpresión, el querer llegar a la cima poniendo a los demás como competidores y a las instituciones como obstáculos.

Hay que recuperar un pensamiento que defienda el bienestar social, solo así se logrará un cambio de las relaciones comerciales, las relaciones laborales y las relaciones internacionales para que estas dejen de depender de los principales intereses económicos de los más pudientes. Abandonar la sacralizada plutocracia.  

Es necesario volver a poner a las personas en el centro de la política.

Estudiante de Relaciones Internacionales de la URJC

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