El éxito israelí: dinero y segregación

Llevamos varias semanas escuchando hablar del “milagro israelí”, viendo como el país semita acapara las portadas de los grandes periódicos para hablar del éxito de su campaña de vacunación, que lidera todos los ránquines mundiales, y les sitúa por encima de las grandes potencias occidentales.

Israel mantiene un ritmo de 200.000 vacunados al día, bajo una política de actividad 24-7 (24 horas al día, 7 días por semana). Uno de cada tres ciudadanos ha recibido al menos una de las dosis y el país espera haber vacunado a todos los mayores de 16 años antes de que termine marzo, o incluso antes. ¿A qué se debe el éxito del gobierno de Benjamin Netanyahu? Principalmente al dinero: Israel ha pagado más a las farmacéuticas que el resto de los países para ser el primero en recibir las dosis, pero, además, ha sabido negociar otro tipo de acuerdos con estas multinacionales. El territorio, que no supera en población a la Comunidad de Madrid, se ha convertido en una especie de campo de prueba a gran escala, que ofrece datos y estadísticas sobre la incidencia del virus y la eficacia de las vacunas. 

Otro factor clave ha sido la extensa formación militar a la que está sometida la población israelí. Sus ciudadanos, hombres y mujeres, son seleccionados desde la edad infantil en función de sus capacidades, para servir a un país acostumbrado a la guerra y los conflictos. En Israel, de uno u otro modo, todos los ciudadanos son soldados, por lo que movilizar personal especializado no ha sido un problema. 

Sin embargo, detrás de toda luz se esconden sus sombras. Las vacunas no han llegado al total de la población bajo control de Knesset, ya que sólo aquellas personas con nacionalidad israelí reconocida se están beneficiando del plan de vacunación. Ni una sola dosis ha llegado hoy en día a la Franja de Gaza, y en Cisjordania apenas ha sido vacunado el personal en primera línea, mientras que Jerusalén del Este es el único territorio ocupado que sí ha sido incluido en los planes del Gobierno, aunque debido a la alta presencia de negacionistas y ultrarreligiosos, en ciertos momentos, incluso se ha generado excedente.  

Por el momento, el gobierno israelí ha destinado exclusivamente 5.000 dosis para la inmunización del personal sanitario de Cisjordania, ante las críticas de gran parte de la población, que teme que se produzcan rebrotes provenientes de estas regiones, donde apenas se realizan test y las medidas de seguridad son mucho más humildes. Además, el gobierno ha anunciado que los más de 120.000 trabajadores con contrato legal en Israel empezarán en los próximos días a recibir la primera dosis. Fuera de esta campaña han quedado los centenares de palestinos que cruzan diariamente la valla burlando los controles del ejército, para ganarse la vida de manera irregular. 

Fotografía de Israel desde uno de los muros que separan las zonas ocupadas.

Ante el desentendimiento del gobierno semita, la Autoridad Nacional Palestina ha comenzado su propia campaña de vacunación, a un ritmo más comparable con sus vecinos africanos, que con la élite occidental entre la que compite Tel Aviv. Por el momento, ha recibido 10.000 dosis de la Sputnik V, de origen ruso. Además, están a la espera de recibir la partida de 200.000 vacunas provenientes del Plan Covax, patrocinado por la OMS, que tiene por objetivo enviar vacunas a los países menos desarrollados. Gracias a estas dosis, se pretende poder vacunar a un 20% de la población palestina, cifras nada comparables con el 70% al que esperan llegar en marzo al otro lado de la Línea Verde.  

Desde la Organización Mundial de la Salud han querido dejar claro que el hecho de destinar vacunas a la población palestina no exime a Israel de su obligación legal para con los territorios que ocupa. De acuerdo con el Derecho Internacional, Israel debe hacerse cargo de la salud y el material sanitario de estas zonas, como potencia ocupante que es. Así se recoge en el IV Convenio de Ginebra, que además concreta su responsabilidad en caso de pandemias. Israel ha alegado, ante la presión internacional, que los Acuerdos de Oslo de 1993 transfieren la competencia de la sanidad a Palestina. Sin embargo, dichos acuerdos tienen una validez jurídica menor que el Convenio de Ginebra y provienen de un texto que cumple tres décadas y tenía el espíritu de ser un acuerdo temporal, a la espera de una solución política temprana entre ambos pueblos que nunca llegó. 

Artículo 6: Transferencia de poderes

Bajo la entrada en vigor de la declaración de Principios y la retirada de la Franja de Gaza y Jericó, las fuerzas armadas de Israel cederían su autoridad a la administración civil palestina en: educación y cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduanas y turismo.

Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional.

Esos acuerdos de Oslo, a los que Israel hace referencia, tenían la finalidad de dotar de una independencia a Palestina que no se ha producido. Los territorios ocupados siguen sin tener la autonomía real de su sistema de salud: no cuentan con infraestructuras médicas, ni con material especializado, y tienen que pedir diariamente autorización a Israel para poder trasladar a los pacientes más graves. Desde médicos del mundo ponen el foco especialmente en la Franja de Gaza, donde actualmente hay unos 65 ventiladores para una población de 2 millones de personas.

Otras cuestiones que se recogían en aquel documento, y que afectan a la salubridad de las zonas ocupadas, tampoco se han cumplido. A pesar de que en dicho acuerdo se recoge que la administración del agua dulce debe ser conjunta, el Banco Mundial ha denunciado varios años consecutivos que más del 80% del agua en Cisjordania se destina al 15% de población colona, mientras se destruyen pozos e infraviviendas en los asentamientos palestinos. Además, los controles a los que están sometidas las fronteras han retrasado o prohibido la entrada de material esencial para la lucha contra la pandemia, como las mascarillas, los test serológicos o los EPI para sanitarios, por lo que la independencia real del territorio es prácticamente nula.

Mientras tanto, en Israel, crecen las críticas contra la decisión del Knesset de excluir a la población palestina de la campaña de vacunación. No sólo se teme que la situación empeore debido a las conexiones constantes que hay entre ambas zonas, sino que afloran cada vez más grupos sociales en contra del conflicto y la división del territorio. El debate sobre si vacunar o no en las zonas ocupadas sigue caldeando el ambiente dentro del parlamento, y pone en evidencia el recelo que existe entre ambos pueblos y esas heridas abiertas que no terminan de suturar, ni a un lado ni a otro de la Línea Verde. El parlamentario nacionalista Alex Kushnir defendía en plena tribuna que “debe establecerse como condición clara que cualquier dosis que llegue a la Franja requiera el retorno de los cuatro israelíes”, con relación a los dos cadáveres de soldados israelíes de la guerra de 2014, que no han sido entregados, y otros dos capturados por Hamás. 

Graffiti contra la separaci´n de Palestina e Israel.

¿Apartheid Judío?

La polémica de la vacunación en Israel ha vuelto a poner encima de la mesa la delicada situación en la que se encuentra desde hace más de tres décadas el pueblo de Palestina. Hace años que los detractores de la ocupación israelí hablan de Apartheid, comparando la desigualdad de trato que viven los palestinos en las zonas controladas por la república israelí, con la Sudáfrica en la que vivió Mandela. 

Si bien, en Israel no existen dos leyes distintas que diferencien a palestinos de israelíes (o a judíos de musulmanes), sí que se producen dos situaciones jurídicas diferenciadas. Los palestinos que viven en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este no son considerados israelíes, por lo que, en vez de estar sujetos al Código Civil israelí, obedecen a la Ley Militar (una amalgama de leyes otomanas, británicas, jordanas e israelíes). Pero la situación más legalmente cuestionable es la de los colonos israelíes que habitan en Cisjordania, pues ellos sí que tienen el derecho de ser reconocidos como israelíes. No sólo nos encontramos un territorio donde conviven personas con estatus jurídico diferenciado por nacimiento, sino que estaríamos frente a una extensión ilícita de la Ley Israelí a lugares que están más allá de sus fronteras.

El hecho de que la población palestina se encuentre bajo legislación militar se traduce en que, mientras un menor israelí no puede estar detenido sin la asistencia de su abogado más de 48 horas, en el caso de un menor palestino puede superar las 90 horas, y, además, estos niños y adolescentes palestinos podrán ser sometidos a interrogatorios nocturnos, sin presencia de sus progenitores, y sin recibir la asistencia previa de un abogado. Las detenciones preventivas sin cargos son frecuentes por parte de las autoridades israelíes y pueden ascender a los 150 días, una cifra que no es comparable a los 40 que recoge el Código Civil israelí. De igual manera, las casas de los colonos no pueden ser investigadas por el ejército sin una orden judicial y ningún ciudadano puede sufrir cacheos o registros sin autorización previa, dos requisitos que no son necesarios para vulnerar la propiedad y privacidad de los ciudadanos palestinos, que además sufren la demolición de sus viviendas e infraestructuras básicas en la zona de Cisjordania. 

Esta especie de “Apartheid” se evidencia especialmente en el código circulatorio. Con la excusa de garantizar la seguridad frente a los ataques terroristas de Hamás, el gobierno de Tel Aviv lleva décadas restringiendo la movilidad de los palestinos, prohibiendo su acceso a carreteras (más de 734 km de las carreteras cisjordanas les son restringidas), e incluso, hasta 2011, prohibiendo a la población palestina compartir transporte público con los israelíes. Estas medidas, sobre todo, han afectado a la comunicación entre las tres zonas ocupadas, que en la actualidad es prácticamente nula, especialmente en lo referente a la Franja de Gaza. Los distintos gobiernos israelíes han propiciado la creación de asentamientos de colonos en zona palestina con financiación pública y subvenciones a los que tiene acceso exclusivamente la población israelí, mientras que aún recordamos como los palestinos ubicados en la zona C, no sólo tiene prácticamente prohibida la construcción de viviendas, sino que viven con una dureza notable la persecución de los asentamientos de infraviviendas, con frecuentes demoliciones que dejan de decenas de familias a la intemperie. 

Organizaciones por los derechos humanos, como Amnistía Internacional, llevan décadas denunciando la desigualdad de trato hacia el pueblo palestino, con torturas en interrogatorios que no son investigadas, impunidad hacia los abusos y homicidios cometidos por colonos y solados, detenciones injustificadas…Este tipo de actos han ido en aumento bajo la justificación del terrorismo, y la pandemia está siendo una excusa más para restringir el movimiento y las libertades. En julio de 2019 el ministro de Transportes, Belazel Smotrich admitió públicamente este trato discriminatorio al afirmar que “no hay comparación entre un hermano y un enemigo (…) Yo trato a mis hermanos de una manera diferente, incluso cuando son duros criminales”.

Niños entre escombros en la Franja de Gaza.

Mientras Benjamin Netanyahu ocupa las portadas de los grandes periódicos como símbolo del beneficio de pagar más que nadie por la salud, la otra mitad del territorio que controla pone sus esperanzas en la caridad internacional para empezar a vacunar a sus ciudadanos, en aquellas zonas, como la Franja de Gaza, donde apenas tenemos datos sobre los contagios. Dos mundos conviven -o sobreviven- separados por muros, líneas verdes y fronteras legales, que no son capaces de frenar el avance de un virus que no entiende de razas ni religiones. 

Miembro de la Junta Editorial de Revistaincognita.com
Estudiante de Ciencia política y administración Pública + Periodismo

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