/

Carta abierta al futuro constituyente

El 6 de diciembre de 1978 se aprueba, vía referéndum, la Constitución Española, desde ese momento, el texto constitucional parece pasar a ser un texto inamovible y santificado que la mera idea de plantear una modificación, por pequeña que sea, los -autoproclamados- guardianes de la constitucionalidad y del estado de derecho te acechan como si de un terrorista se tratara.

Este clima, provocado, entre otros factores, por la polarización orquestada por las fuerzas extremistas hace obligatorio preguntarse;¿es posible una reforma profunda del texto constitucional para lograr un marco jurídico adecuado a nuestro tiempo, que prevea más libertades y consolide derechos?

Hoy por hoy, es inviable, por dos razones; el clima político y la correlación de fuerzas. Los sistemas políticos, entendidos como cualquier organización compleja que recoge y transmite información, genera actividades y controla resultados, deben regirse por normas y leyes que deben modificarse en función de las necesidades de los ciudadanos, ¿Las necesidades de hoy son las mismas que las de hace más de cuarenta años?, ¿la cultura democrática y política de hoy es igual que la de hace cuarenta años?

En la carta magna se recogen multitud de artículos que deben ser modificados, suprimidos y revisados por el constituyente del siglo XXI, por un legislador que, sin juzgar la cultura política y democrática de hace cuarenta años, sea consciente, por ejemplo, de que la impunidad del jefe del estado es incompatible con un estado democrático y de derecho, ya sea en forma de república o monarquía -ese sería otro debate-. La máxima autoridad del estado tiene el deber y el derecho de ser fiscalizado por los tribunales -y por los órganos de control competentes- como el resto de ciudadanos, el futuro constituyente debería plantearse si el Congreso debería ser un órgano de control de la Jefatura del Estado -como es este del ejecutivo-.

Este nuevo constituyente debe poner fin al conflicto territorial, silenciado por el bipartidismo durante la transición y los primeros años de democracia y llevado a flote por la crisis económica, política y social de 2008 y también por el fin del sistema de partidos tal y como lo conocíamos hasta 2015. El sistema autonómico, tal y como lo conocemos, ha fallado, no sirve, este modelo híbrido entre la autonomía y el federalismo ha dado lugar a guerras de poder e ineficacias administrativas y políticas en dos frentes; entre comunidades y entre comunidad y gobierno central.

La gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto este enorme boquete en la administración, un orificio por el que solo han entrado batallas partidistas para dominar, lo que en los últimos años se ha denominado ‘el relato político’. La cogobernanza, la gestión de recursos y la paz territorial llegarán cuando España se dirija a un estado federal en el que las competencias de cada nivel del estado queden cristalinas y no difuminadas con el propósito de contentar a todos y finalmente a nadie.

Otro de los aspectos que debería reformar el nuevo constituyente son los órganos constitucionales. Estos últimos meses, la agenda política y mediática ha sido, en cierta medida, protagonizada por la falta de acuerdo para renovar un órgano tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, utilizado por los partidos políticos con fines electorales y partidistas, es de vital importancia para el normal funcionamiento de uno de los tres poderes esenciales del estado, el poder judicial. Es sano, democráticamente hablando, que el órgano que regula los jueces sea nombrado por los representantes de la ciudadanía, puesto quién imparte justicia es el juez en nombre de la ciudadanía. El problema, se sustenta en el uso que las fuerzas políticas hacen del poder del nombramiento, el nuevo constituyente, debe buscar fórmulas con las que asegurar, no solo su normal funcionamiento, sino también, su uso no partidista. El problema no está en que los jueces elijan a los jueces puesto que las asociaciones de jueces también tienen ideología, el juego de poder pasaría de los representantes públicos a personas que ni siquiera representan a la ciudadanía, el reto está en ser maduros, responsables y no jugar políticamente con la justicia.

Las duplicidades, es un factor que en ciencia política siempre intentamos evitar, sin embargo, pocos han apreciado que la mayor duplicidad que existe en España es el Congreso de los Diputados y el Senado. El nuevo legislador constituyente debe acabar con este escenario, debe hacer cumplir al Senado con el cometido con el que fue engendrado. En el Senado deben debatirse cuestiones territoriales, en el que deben estar representadas las fuerzas periféricas, debe ser un foro de mejora de la vida de los ciudadanos ateniéndose a sus necesidades en función del territorio donde vivan.

Las mociones para intentar plantear referéndums de autodeterminación, las iniciativas para hacer trabajar al estado en desarrollar un plan contra la despoblación, las presiones para hacer llegar un tren digno -y no del siglo XIX- hasta cualquier punto del país, deben ser expuestas, debatidas y votadas en la cámara territorial. El Senado debe ser y debe actuar como una cámara territorial y no como un campo de batalla paralelo con el que hacer idílico el retiro político de los que algún día fueron ‘alguien’ en el sector. Las fuerzas periféricas al estar representadas en el Senado, no tendrían porqué estar presentes en el Congreso de los diputados, esta cuestión llevaría al futuro constituyente a abrir el ‘melón electoral’

El capítulo electoral se desarrolla en los artículos 68 y siguientes de la Constitución, estos determinan la forma de elección de nuestros representantes. En el artículo 68.2 CE establece que “la circunscripción electoral es la provincia” un modelo electoral que privilegia a los partidos periféricos y las grandes fuerzas, algo que posibilita que las pequeñas fuerzas nacionales carezcan poder electoral, las grandes demasiado poder y las periféricas, un poder desproporcionado. Este sistema debe ser modificado por uno que prevea de igualdad a los españoles y que el poder electoral de un ciudadano no se determine por su lugar de residencia.

Sin duda, el nuevo constituyente se enfrentará a grandes retos, algunos se acaban de exponer, otros nacerán y algunos, con suerte, desaparecerán con facilidad una vez se abra el debate sobre la modificación de la Constitución. Sin embargo, dos de los pilares básicos en los que se tendría que centrar el legislador del siglo XXI deberían ser; garantizar el estado de bienestar y el control del poder político.

El estado del bienestar fue uno de los grandes inventos después de la II Guerra Mundial, un invento que se ha deteriorado con los años y que tras la crisis económica, social y política de 2008 no volvió a ser el mismo. El legislador constitucional debe saber que es de vital importancia establecer en la Constitución que el estado del bienestar, de por sí, es un derecho, y que, por tanto, garantizar este derecho es una obligación del estado. El estado debe garantizar un techo digno, el acceso y consumo de bienes de primera necesidad como la energía, o el acceso a un trabajo que permita subsistir al trabajador, entre otras muchas cuestiones.

Por último, es necesario recordar que la cultura política y democrática española está sujeta a valores tales como la confianza de la ciudadanía en la clase política. El control del poder político y la rendición de cuentas deben estar recogidos en la modificación de la carta magna como una obligación del estado y de los representantes públicos, con el fin de dotar a España y al pueblo español de una serie de garantías que desarrollen de forma positiva la cultura política, democrática y electoral de nuestro país.

Para poder reformar, es necesario tener legisladores capaces de hacer frente a los guardianes ‘constitucionalistas’ que “protegen” el que parece ser un texto bíblico. Unos guardianes que por aquel, ya lejano, 6 de diciembre de 1978 hacían campaña para decir no a la Constitución, no a la democracia y no al sistema político y democrático que hoy tanto dicen defender.

Un periodista deja de serlo cuando ofrece como información lo puramente subjetivo.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Historia Anterior

Fatiga pandémica

Siguiente Historia

Crítica de "WandaVision", una serie muy vintage

Lo último de Desde casa con amor