Fronteras para quienes buscan una vida mejor: situación migratoria entre España y Marruecos

Soldados españoles patrullan la costa del Tarajal durante la migración masiva de mayo (EFE)

Maria Carrasco Lloria

El pasado mes de mayo cruzaron la frontera ceutí hacia España más de 8000 migrantes de forma irregular. De ellos, más de la mitad fueron devueltos a marruecos durante los  primeros días tras el movimiento masivo. El suceso ocurrió debido a la relajación de  medidas de las fuerzas de seguridad apostadas en la frontera que realizó Marruecos.  Diversas fuentes apuntan que esto ocurre a modo de “reprimenda diplomática” al  gobierno español, por la acogida del líder polisario saharaui, Brahim Gali, durante una  emergencia sanitaria. Otros creen que la tesitura política de Marruecos se halla en el  reconocimiento por parte de Donald Trump a principios de año del poder marroquí sobre  el Sáhara Occidental. Sin embargo, esto pone a la población como escudo para protegerse  el país frente a las potencias occidentales, y efectivamente, ha sido esta quien ha pagado  las consecuencias. Esta entrada masiva ha supuesto un punto álgido en la crisis migratoria  que sufren Europa, África y Oriente Próximo desde hace más de una década. 

Gracias a las devoluciones en caliente, las autoridades políticas se erigen fuertes ante  las entradas irregulares. No se han encontrado precedentes de tal magnitud de gente en  un salto fronterizo español. Aun así, este tipo de llegadas masivas viene dándose desde  2006 sobre todo atendiendo a la crisis de los cayucos. Por ello, la gran preocupación del  Gobierno no es solo la acogida de estos migrantes hasta resolverse su situación irregular  sino también las devoluciones “en caliente”, es decir, el retorno instantáneo de los  extranjeros por parte de las autoridades españolas. Estas devoluciones tan solo tienen  validez legal si “los extranjeros son detectados en la línea fronteriza intentando superar  los elementos fronterizos”, según la ley de seguridad ciudadana que recoge la  Constitución. En la entrada por Ceuta en el mes de mayo hubo alrededor de 4000  devoluciones instantáneas. 

En el momento en que hablamos del llamado “salto a la valla” o el cruce a nado por la  playa del Tarajal (Ceuta) debe observarse la legalidad de las devoluciones en caliente. Una devolución o retorno tiene lugar en el momento justamente posterior de entrada. Sin  embargo, atendiendo a dicha ley, a estos migrantes se les aplican unas garantías, con el  fin de la no vulneración ni de sus propios derechos ni de los tratados internacionales,  como la posibilidad a atenerse al derecho de asilo o mediante la presentación de pruebas  de peligro inminente o interés público.  

En 2020, la Comisión Europea junto al TEDH avaló estas devoluciones ante la Gran Sala,  y tras la crisis de Ceuta, lo ha vuelto a hacer, poniendo la mirada en Rabat, con la  advertencia de que “las fronteras españolas son fronteras europeas” y pidiendo control  férreo ante las salidas irregulares.

La problemática se plantea más allá cuando son menores no acompañados aquellos  que cruzan los pasos fronterizos. Más de 1500 menores, tanto acompañados como no, fueron recontados entre los extranjeros. Fernando Grande Marlaska, ministro de interior,  aseguró en su momento que no hubo devoluciones irregulares de menores en lo ocurrido  en Ceuta. Aquellos que volvieron al otro lado de la frontera lo hicieron de forma  voluntaria, aunque no se conoce una cifra exacta. Quienes sí han sido avalados en el país  por la Ley de Extranjería por su edad han sido reubicados en centros de menores no  acompañados repartidos por todo el país, asumiendo su mayoría en la zona del sur de la  península. Esto ha suscitado colisiones parlamentarias en las diferentes comunidades  autónomas de acogida. 

A finales de abril de 2021 el gobierno español aprobó la reforma de la Ley de Extranjería mediante Real Decreto. Esta reforma busca la tramitación de los documentos que  acrediten la estancia regular de más de 15000 menores extranjeros en España. El ministro  de migraciones, José Escrivá, ha asegurado vía Twitter que el nuevo enfoque puede  ayudar a la inclusión de más de 8000 migrantes menores. De hecho, el borrador de  reforma planteaba la ampliación para la tramitación de estancia en centros para estos  menores a 15 días y del permiso de residencia entre 2 y 5 años. Por todo ello, el primer  problema a la hora de resolver las tramitaciones era el cumplimiento de los 18 años de  estos menores sin haber obtenido los documentos legales para la residencia, por lo que ahora les resulta posible solicitar un alargamiento de sus permisos de residencia acorde  al permiso para trabajar en territorio español y así poder acceder a uno de larga duración. Este planteamiento jurídico puede ser otro de los detonantes del cruce masivo. 

Estas ayudas a los inmigrantes han agitado el panorama ideológico en España. La  cuestión de las migraciones no son los movimientos en sí, sino la consecuencia humana  que genera. La xenofobia es el peor de los contratiempos que existen en una comunidad  en la que existen refugiados. Las economías se desestabilizan, las políticas cambian y la  sociedad ve amenazada su cotidianeidad, a lo que suelen responder de forma violenta. A  causa de las crisis de refugiados, han surgido partidos de ultraderecha y nacionalistas que  niegan las políticas de entrada a los exiliados. En Europa, de 36 países, 18 tienen  representación gubernamental de la extrema derecha en la actualidad. Este auge ha tenido  lugar en los últimos 10 años, coincidiendo con la Guerra de Siria y sus flujos migratorios  con destino Europa. Ejemplos de este odio irracional se hallan en países totalmente  democratizados y modernos. 

En España, la última inquietud ideológica ha venido dada por la crisis de Ceuta. Las  ayudas brindadas a los migrantes por los gobiernos, como la reforma comentada, han  provocado una fuerte sacudida de las ideologías. En redes sociales, muchos han calificado  estas migraciones masivas como “invasiones” y “amenazas de guerra”. La situación de  descontento parece ser impulsada por la radicalización de la oposición de ultraderecha  asentada en el Congreso gracias al grupo parlamentario Vox. El partido de Santiago  Abascal dio un ultimátum al parlamento andaluz, asegurando que no firmaría ninguna  propuesta de Juanma Moreno (presidente de la comunidad por el PP) como consecuencia  de la acogida de 13 menores extranjeros que habían cruzado la frontera de Ceuta en mayo y a lo cual Vox se había opuesto.  

Así, se abre un debate por los derechos humanos que se respaldan en los órganos de poder  españoles, pues esta negativa de la derecha resulta un claro chantaje al ejecutivo por la  ayuda pública a personas en situación de desamparo. Esto se une a las diversas tensiones tanto internacionales como interiores a las que debe hacer frente el gobierno de Sánchez.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Historia Anterior

La Transición Española

Siguiente Historia

Distancias de seguridad

Lo último de Incógnitas

La voz a ti debida

Raquel Ramos González, Luis Felipe Lázaro de la Orden Desde tiempos inmemoriales