Más de mil y los que quedan

El PP al finalizar el curso político decía que solo quería garantizar la "independencia y la no politización del CGPJ" ¿Esa es su única condición?

Recientemente se cumplieron mil días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular lleva más de dos años negando la renovación de un órgano constitucional indispensable para el normal funcionamiento de uno de los principales poderes del Estado. 

Casado ya ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones su negativa a renovar este órgano constitucional, la última hace menos de una semana; «que el gobierno abandone cualquier esperanza de renovar el CGPJ». Esta institución lo decide prácticamente todo en la justicia y lleva más de 2 años con el mandato caducado, en funciones.

La última vez que se renovó una de las patas fundamentales del Estado de Derecho fue cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy con mayoría absoluta y es así, con mayoría conservadora, como sigue configurado el actual Consejo General del Poder Judicial; sin embargo, la realidad parlamentaria actual es es muy distinta: el Partido Popular está muy lejos de la mayoría absoluta y es la izquierda la que mantiene el control en el parlamento.

Antes de las vacaciones estivales el recién nombrado ministro de presidencia, Félix Bolaños, llamó a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular para intentar, de nuevo, retomar las negociaciones para renovar el órgano que preside el conservador Carlos Lesmes, que por cierto, ocupó un alto cargo durante el gobierno de Aznar. La conversación simplemente concluyó con la intención de concretar una nueva cita a principios de curso y propició un nuevo cruce de reproches entre Gobierno y oposición. El ejecutivo acusaba a la formación que preside Casado de «bloqueo antidemocrático». Por su parte, los populares negaban el bloqueo y argumentaban que el partido «lo único que ha hecho es pedir garantías para que se cumplan los estándares europeos de independencia en un órgano que afecta al poder judicial y la no politización de las instituciones judiciales» defendía Gamarra.

Sin embargo, el Partido Popular no sólo ha pedido al ejecutivo la «independencia y no politización de las instituciones judiciales», el partido de Casado ha ido modificando sus condiciones una y otra vez para dar su voto afirmativo para la reforma del órgano ejecutivo del poder judicial.

Mil y una condiciones

Hace un año, Casado exigía a Sánchez que, para sentarse en la mesa, el presidente debía expulsar a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, de la negociación: «Podemos no puede formar parte de las conversaciones para la renovación del CGPJ» decía Casado en 2020, pero no fue el único dirigente popular que defendía la idea.  El líder del PP en Cataluña afirmaba que «el PP siempre estará ahí cuando se trate de dialogar y de llegar a acuerdos pero jamás aceptará la presencia de Podemos que precisamente quieren destruir nuestra democracia» o Enrique López, el dirigente responsable de justicia del PP, que también seguía la línea de Casado: «Desde el Partido Popular le hemos pedido a Sánchez que nos libere de Podemos», también escuchamos al Portavoz del Partido y Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida también defendía la expulsión de los de, por aquel entonces, Pablo Iglesias; «como vamos a apoyar una reforma del CGPJ con los de Podemos, es imposible»

Pero no solo pidieron la expulsión de Podemos de la mesa de negociación, tras la huida del Rey Emérito a Emiratos Árabes, en agosto de 2020 el equipo de Casado comenzó a difundir la idea de que ya no sería posible la renovación del órgano por «la actitud que el Gobierno había tenido ante la marcha del monarca».

Con la concesión de los indultos, el PP volvió a marcar una nueva demanda; «si el Gobierno de España atraviesa esa línea roja no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo» para la renovación del CGPJ, decía Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación de la formación. 

Pero entre línea roja y línea roja, el Partido Popular también puso encima de la mesa como requisito indispensable para la renovación la modificación del sistema de elección del Consejo. Ahora, el PP exigía que los jueces eligieran a los miembros que compondrán el futuro Consejo General del Poder Judicial, idea que impulsan todos los partidos cuando están en la oposición pero que el PP no llevó a cabo cuando llegó a La Moncloa con mayoría absoluta en 2011, cuando gobernó por primera vez Mariano Rajoy. 

En las primeras reuniones de negociación y en vista del tiempo que llevaba caducado el mandato de Lesmes ante la institución, PP y PSOE pactaron abordar el asunto una vez estuviera renovado el CGPJ con las reglas establecidas hasta ahora y más tarde abordar el debate sobre la elección del siguiente Consejo.

Una vez llegado a ese acuerdo el problema para el PP ya no era la forma de elección sino los jueces que se proponían. Al PP no le gustaban los nombres que planteaba el Gobierno y vetó tanto a la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, como a José Ricardo de Prada, el magistrado que condenó al Partido Popular por el Caso Gürtel, este segundo veto hizo que de nuevo se rompieran las negociaciones, ¿Cómo un partido condenado por corrupción iba a vetar al juez que les había condenado? Para el ejecutivo el mensaje que se estaba mandando no era positivo; no investigue a los políticos porque no podrá progresar en su carrera profesional.

Tras la conversación con Bolaños hace unas semanas, Gamara, la portavoz parlamentaria de los populares, advertía a Sánchez que «un presidente que quiere controlar otro poder, evidentemente, en esa operación no le ayudará el PP». No obstante,  fue Ignacio Cosidó, portavoz del Senado de los populares, quien usó ese mismo verbo -controlar- en 2018 cuando mandó a todo el grupo parlamentario del senado un mensaje donde reconocía que el PP «controlaría» a través del CGPJ la sala segunda del Tribunal Supremo. 

La sala segunda del Tribunal Supremo es uno de los departamentos más importantes del alto tribunal al tiempo que de los más polémicos, es la sala de lo penal, por ese Tribunal han pasado los casos judiciales más mediáticos de nuestro país de los últimos años.

Por aquella sala pasaron los presos del procés a los que se les condenó a 13 años de prisión a algunos dirigentes catalanes y por los que pasarán, con toda probabilidad, muchos de los recursos que interpondrá el PP ante las sentencias de la Audiencia Nacional por casos de corrupción. Casos como la segunda época de la Trama Gürtel, el caso de Los Papeles de Bárcenas o el caso Kitchen, entre otros. El que fuera portavoz de la formación de Casado en el Senado reconocía por escrito que iban a «controlar desde atrás» al tribunal que iba a dictar sentencia sobre estos asuntos.

No es el primer bloqueo del CGPJ

No obstante, el bloqueo que sufre el Consejo General de Poder Judicial no es nuevo, se suma a una larga trayectoria de bloqueos.

En 1995 cuándo gobernaba Felipe González, Aznar bloqueó la renovación hasta que llegó al gobierno, fue cuando se completó la reforma y se hizo con mayoría conservadora. En 2006 ocurrió algo parecido, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy volvió a bloquear su renovación hasta la nueva victoria de la izquierda en 2008, pero a pesar de la mayoría parlamentaria progresista, el PSOE pactó un CGPJ ecuánime; 9 vocales progresistas y 9 vocales conservadores. La pauta es clara.

En los últimos días se han vuelto a pronunciar los partidos políticos, el Ministro de Presidencia ha descartado la idea de que los jueces puedan elegir a los responsables del órgano ejecutivo del poder judicial, al tiempo que como se mencionaba antes Casado cierra, una vez más, la puerta a poder llegar a un acuerdo con el ejecutivo para la renovación de esta institución de primer nivel. Mientras Casado se niega a negociar, el poder judicial en los últimos días ha hecho magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Jorge Rodríguez Pérez, el actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias que fue juzgado en 2014 por corrupción.

En funciones, pero sigo cobrando

Según los Presupuestos Generales del Estado, el presupuesto total destinado al Consejo General del Poder Judicial es de 73 millones de euros. Carlos Lesmes, el presidente del Consejo y a su vez Presidente del Tribunal Supremo, es el miembro que más cobra, más de 140.000 euros anuales -algo más de 7.000 euros mensuales-, el salario sufre una subida cada tres años.

Entre los vocales hay dos categorías: los que se dedican exclusivamente al CGPJ -son 7 de los 20 totales- y los que complementan este trabajo con otra actividad profesional. Los primeros, que pertenecen a la Comisión Permanente -también tiene mayoría conservadora-, que es presidida por el Presidente del Supremo, reciben un salario de más de 120.000 euros anuales. Además pueden hacer uso de un vehículo del parque móvil estatal.

Los vocales que no se dedican en exclusividad a este órgano cobraron de media unos 18.000 euros anuales. Además, sin excepción, todos los miembros del CGPJ tienen derecho a una persona de apoyo que desarrolle labores de secretaría.

«Que los jueces elijan a los jueces»

La intención del PP es «que los jueces elijan a los jueces» a través de las asociaciones de jueces. De los más de 5.000 jueces que hay en España más del 50% de ellos están afiliados a alguna asociación judicial.

Las asociaciones conservadoras copan más del 84% de los jueces afiliados y la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia tan solo aglutina al 15% de los magistrados. Esa correlación de fuerzas no se corresponde con las mayorías parlamentarias actuales

Este lunes, durante la apertura del curso judicial, Carlos Lesmes no hizo ninguna referencia a su posible dimisión para obligar al Partido Popular hacer cumplir la Constitución, en definitiva, para no presionar al partido que le nombró. 

Más de mil días y los que quedan.

Un periodista deja de serlo cuando ofrece como información lo puramente subjetivo.

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