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Ese Borbón del que usted me habla

La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, tal y como dice el artículo 1.3 de la Constitución.

Me resulta chocante cuando escucho a altos cargos políticos de diferentes parroquias referirse en ocasiones a la “monarquía constitucional” y no a la parlamentaria. Puede parecer un lapsus terminológico sin demasiada importancia, pero últimamente creo que no se trata de una equivocación, sino de una revelación de lo que muchos albergan en sus subconscientes. España fue una monarquía constitucional (o “moderada”) durante gran parte del turbulento siglo XIX, cuando los monarcas compartían con las Cortes (elegidas por sufragio censitario) la potestad de hacer las leyes. Ya no eran reyes absolutos, ahora debían gobernar bajo un marco regulatorio que definía la potestad de cada uno de los poderes del Estado para así evitar el abuso de sus funciones y la arbitrariedad del rey, como ocurría en el Antiguo Régimen. Esto fue, entre otras muchas cosas más, lo que reclamaron las revoluciones liberales de Inglaterra, las Colonias americanas y la Revolución francesa: un Estado de derecho.

La monarquía constitucional no era un sistema democrático, a diferencia de la monarquía parlamentaria, donde el rey tiene un papel meramente simbólico de representación de la jefatura del Estado. Por eso me resulta preocupante que estén invocando (a lo mejor sin querer) a un régimen decimonónico.  

Vivimos en una monarquía parlamentaria que, últimamente, recuerda en cierta manera a esa monarquía constitucional de hace justo un siglo. Tras producirse el Desastre de Annual, en la guerra del Riff, se señaló a Alfonso XIII de enriquecerse a costa de un ejército español corrupto mediante el tráfico de armas. ¡Cosas de familia, supongo! El golpe de Estado de Primo de Rivera permitió proteger al monarca de estas gravísimas acusaciones durante unos años más, hasta que no tuvo más remedio que exiliarse para no acabar como los Romanov.  

Juan Carlos I podría haber pasado a la historia como el mejor rey de España, como el heredero de un dictador que renunció a su poder para instaurar uno de los regímenes democráticos más sólidos del mundo en apenas cuatro décadas. Hasta hace diez años, este había sido el relato heroico y solemne que todos los medios de comunicación y partidos políticos habían sustentado durante su reinado, con un nivel de culto a la personalidad propio de algunas autocracias orientales. No es un lapsus cuando a alguno se le escapa lo de monarquía constitucional, a Juan Carlos se le ha tratado como si estuviéramos en aquel régimen superado, como a su abuelo. Se le ha protegido, se ha ocultado sus chanchullos y se ha permitido todo lo que ahora se está investigando, gracias a que un fiscal suizo ha empezado a levantar la alfombra. Pobres liberales del XVIII, deben de estar revolviéndose en sus sepulturas. En la Transición, monarquía era sinónimo de democracia, fue uno de los mayores sapos que se tuvo que tragar una buena parte de este país. Esa etapa acabó hace mucho tiempo, ya no existe ningún vínculo de dependencia entre estos dos conceptos.  

Soy un republicano convencido, no de esos que portan la tricolor en la muñeca e idealizan la II República. Ni soy partidario de la lucha irracional de trapos de colores ni de los relatos dogmáticos que no son capaces de aceptar la complejidad de una realidad histórica que fue tan apasionante e ilusionante como errática y fracasada.  

Creo que todos los poderes del Estado deberían ser elegidos democráticamente, y no solo eso, estos deberían rendir cuentas a la ciudadanía para evitar justamente lo que ahora estamos conociendo. Ya que tenemos rey, y, dado que parece que tenemos monarquía para rato (en la Constitución está absolutamente blindada), es necesaria la aprobación de una Ley Orgánica de la Corona (actualmente inexistente) que desarrolle de forma más profunda la función, la financiación y el control parlamentario al que se debería someter el Borbón. Porque estoy seguro de que esto sería lo que reclamarían los liberales ilustrados del XVIII. Una bocanada de aire necesaria pero quizás insuficiente para recuperar en cierta medida la credibilidad de una institución que ve como su legitimidad se desangra. 

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