¿Existe la separación de poderes en España?

En la retórica española, y, sobre todo, en la de los políticos, viene a ser tabú el cuestionar si quiera, si realmente existe una plena separación de poderes en nuestro país. Y, es que, la mínima cuestión que trate de desmontar el maravilloso lienzo que hay en torno a la existencia de una democracia plena en España, es catalogada como antidemocrática, y, asimismo, que atenta contra el Estado de Derecho. 

Así pues, y antes de abordar nuestra cuestión principal, cabe preguntarse: ¿Qué es la separación de poderes?

La separación de poderes surge en un contexto político y social, en donde imperaban las monarquías absolutas y se desempeñaban abusos clamorosos de poder. Por ello, el filósofo francés, Montesquieu, propuso su famosa Teoría Clásica de la División de Poderes, en donde se conformaban tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dichos poderes, eran ejercidos por órganos diferentes e independientes, con atribuciones que no podían invadir las funciones de los otros poderes, y se establecían como contrapesos de ellos mismos para evitar abusos e injusticias por parte de los gobernantes.

Por tanto, a la pregunta, ¿existe separación de poderes en España?, hay que puntualizar que, en un Estado de Derecho en el que se respete la división de poderes, el poder judicial debe de ser independiente. Por tanto, a través de las siguientes líneas, veremos argumentos fundamentados que darán a entender claramente que en España el poder judicial no es independiente, y, por ende, ni existe una separación de poderes, ni una democracia plena en España.

▪ Constitución de 1978

Un Estado de Derecho tiene en sí, a grandes rasgos, tres funciones principales:

• Crear las leyes por las que se va a regir ese Estado.

• Gobernar el país de acuerdo a esas leyes.

• Vigilar que se cumplan las leyes sin excepción.

Un poder no puede anular, invalidar o modificar las decisiones de otro. Un poder no puede elegir a otro poder. Y, es que, Montesquieu ya señalaba que la libertad individual no está garantizada en un Estado de Derecho si un poder absorbía las funciones de otro. De ahí, que dijera: “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”. 

Dicho esto, el principio de separación de poderes no se encuentra in situ en nuestra carta magna, pero si se encuentra implícito en numerosos fragmentos de su articulado. Como por ejemplo:a) En el Título Tercero – De las Cortes Generales – artículo 66.2 CE – se establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado.b) En el Título Cuarto – Del Gobierno y la Administración – artículo 97 CE – se establece que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo a la Constitución y las leyes (ostentando la capacidad legislativa solo en los presupuestos establecidos en la Constitución).c) En el Título Sexto – Del Poder Judicial – Artículo 117 – se establece que el Poder Judicial ejerce el poder jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y que la justicia emana del pueblo.

De acuerdo a lo que señala José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, abogado y magistrado en excedencia: “Tanto para nuestra Constitución como para el ordenamiento de la Unión Europea, el Estado de Derecho es un principio que resulta ser uno de sus principios fundamentales. Por ello, no puede existir Estado de Derecho sin división de poderes, y no es posible la división de poderes, si al mismo tiempo, no se garantiza la independencia del poder judicial respecto de los demás poderes del Estado.” Además, el mismo Macías, hace mención a un concepto interesante y a la vez importante, como es el de la apariencia de independencia del poder judicial. Y, es que, como indica: “Tal y como dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de manera constante, en sus especies – en una sociedad democrática las apariencias también son importantes – de ahí, que el poder judicial además de ser independiente, también es necesario que parezca que lo es”.

▪ Consejo General del Poder Judicial

En el Título VI – Del Poder – artículo 122 de la Constitución Española, se determina que el órgano constitucional competente de velar y garantizar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. 

El funcionamiento autónomo y eficaz de dicho organismo es decisivo y fundamental para que en nuestro país se respete la separación de poderes. La razón es que, es el principal órgano de gobierno de los jueces y su papel en la justicia es determinante. Decide los nombramientos en el Tribunal Supremo: los magistrados y los presidentes de las Salas; Designa al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de las salas que la integran; Nombra directamente a los presidentes y magistrados de las salas Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma (que son los tribunales que se encargan de juzgar a las personas que ostentan aforamiento (los políticos en gran medida). Además, es una institución que ejerce la disciplina sobre todos los jueces, por lo que tiene una capacidad muy amplia para influir en cómo será la carrera profesional de los mismos, a través de los sueldos, los ascensos y las condiciones laborales. Todo ello, hay que añadirle, que el órgano de gobierno de la judicatura también puede integrar cualquier órgano judicial de forma provisional a través de comisiones de servicio, lo cual le permite destinar a jueces a ciertos puestos cuando se producen situaciones excepcionales, y hacerlo sin pasar por la norma general del concurso interno por antigüedad.

▪ ¿Cómo está compuesto el CGPJ?

De acuerdo al artículo 122 de la CE, el CGPJ “estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”

Como podemos apreciar, en la Constitución se insta a determinar mediante ley orgánica la forma de elección de los doce Jueces y Magistrados, del total de los veinte miembros del organismo. Y, de acuerdo a ello, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, se determinó que los miembros del CGPJ, en su conjunto, tanto Jueces y Magistrados, como abogados y juristas, serían elegidos por las cámaras parlamentarias, por mayoría cualificada de 3/5. 

Dicha norma fue validada por el Tribunal Constitucional en 1986, justificándolo en que si se mantenía la mayoría cualificada de 3/5 tanto en la elección de Jueces y Magistrados como en la de abogados y juristas, se podría seguir asegurando la apariencia de imparcialidad y neutralidad.

Dicho esto, ¿realmente podemos decir, a día de hoy, que existe esa apariencia de imparcialidad, neutralidad e independencia en el poder judicial?

Tal y como he comentado, encontramos anomalías que hace muy difícil afirmar la existencia de separación de poderes en España. Debido, sobre todo, a que se produce un reparto de cuotas entre principales partidos políticos en el nombramiento de los 20 vocales del CGPJ, por parte del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Y, es que, el pacto queda tan amarrado que ni siquiera los elegidos pueden nombrar libremente a su presidente, el cual también preside el Tribunal Supremo y ejerce determinadas funciones jurisdiccionales.

Estas actitudes políticas, tan consolidadas en nuestro país, suponen una manifiesta falta de respeto hacia la separación de poderes y hacia el órgano garante de la independencia judicial.

Cabe tener muy en cuenta que el CGPJ cuenta con competencias para premiar y castigar a los jueces, y así mismo, de intervenir en la composición de determinados tribunales, entre ellos, los que juzgan a los políticos corruptos.

De ahí que nuestra democracia sea tan imperfecta, porque el órgano que vela por la independencia judicial, está nombrado a dedo por los partidos políticos.

Es muy significativo, y más en este momento, rescatar las sensaciones que describía Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, al hacer balance de más de cuarenta años de profesión. Él explica que los nombramientos del CGPJ forman parte de un reparto de apadrinamientos, de modo que no se fundamentan en principios de mérito y capacidad. Tal y como expone, el gobierno de la judicatura se constituye tras un reparto de poder puro y duro “actos de vasallaje”,  que impide que pueda ser garante de la independencia judicial, porque sus propias conexiones con el ámbito político imposibilitan que lo sea.

Y, para que quede aún más clara y gráfica la conexión entre el poder político y el poder judicial, es preferible analizar la carrera judicial de Concepción Espejel, jueza conservadora recusada por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional para juzgar la Gürtel por su afinidad con el Partido Popular (hay que recordar cuando María Dolores de Cospedal le llamó “Querida Concha”, en un acto de condecoración, cuando presidia la presidencia de Castilla – La Mancha).

➢ En 1999 fue nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara por la mayoría conservadora en el CGPJ, gracias a los votos de los vocales nombrados por el Partido Popular.o Desde allí, impulsó un macro proceso penal contra varios dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Castilla – La Mancha, a los que el PP acusaba de negligencia por un terrible incendio donde murieron once personas.o Según las publicaciones del momento, el PP quería convertir aquel suceso en una suerte de caso Prestige del PSOE, y para ello, contó con la colaboración de Espejel, quién impulsó desde la presidencia de la Audiencia una investigación que llegó a tener a quince políticos del PSOE imputados.o Después de siete años, el caso quedó en nada. Y, en la propia sentencia, que se publicó cuando Espejel ya no presidía la Audiencia Provincial, se cuestionó la “irrelevante” e “inútil” instrucción penal realizada por Espejel.

➢ Tras su paso por Guadalajara, Espejel fue nombrada vocal del CGPJ, a propuesta del PP.o En CGPJ realizó algo poco habitual, como es el compaginar esa vocalía con la reserva de su plaza anterior, que mantuvo con una comisión de servicios especiales.

➢ Una vez dejado el Consejo, Espejel pudo aprovechar la prerrogativa que le concedía el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual permite durante dos años a los ex presidentes de Audiencias Provinciales y otros jueces de puestos similares elegir plaza incluso por delante de otros magistrados con más puntos por antigüedad. Gracias a esta norma, Espejel entró en la Audiencia Nacional, como presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, por delante de otros jueces con más antigüedad.o Al llegar al puesto, impulsó un cambio en el sistema de reparto y garantizó así que ella en persona presidiría todos los juicios que pasasen por su Sección.o Uno de los juicios iba a ser el que más preocupaba entonces al PP: el caso Gürtel.o Este movimiento quedó anulado más tarde por la recusación que presentaron algunas de las acusaciones contra ella y en contra de otro juez muy cercano al PP, Enrique López.

➢ A pesar de sus claras vinculaciones con el PP, en 2017, los vocales del CGPJ la ascendieron con presidenta de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional (uno de los sillones más poderosos de la lucha contra la corrupción en España).

A la vista está que, un consejo cuyos miembros son elegidos por los grupos políticos de entre sus afines, muchos de ellos incluso militantes, ni es autónomo ni puede garantizar la independencia que el mismo consejo no tiene desde su conformación. Porque, estos mismos organismos que deben de controlar y fiscalizar al poder legislativo lo conforman miembros afines o nombrados por ese mismo poder. Por lo consiguiente deja de existir un poder judicial en sí, que impide que se garantice la salud democrática, el Estado de Derecho y la separación de poderes en España.

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