Ilegalizar al Partido Popular

Iván Egea

“Esto no es una trama del PP como algunos pretenden. Es una trama contra el Partido Popular”. Así rezaba Mariano Rajoy, allá por el año 2009, en una rueda de prensa tras un Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Pasados los años de investigaciones y juicios, de presiones de todo tipo, y de una campaña de comunicación sin precedentes – con el fin de blanquear toda acción insolidaria e inmoral del Partido Popular – en los medios de comunicación; podemos decir abiertamente, y sin ningún tipo de dudas, que el Partido Popular se ha financiado durante años, con dinero en “b”.

A lo largo de las siguientes líneas, voy a tratar de establecer un orden cronológico de los sucesos que se han ido dando a nivel judicial y que han marcado el presente y el futuro del Partido Popular. Asimismo, y en vista de las acreditadas maniobras y acciones impropias, de un partido que representa a millones de personas, y el cual se rige bajo las premisas de la carta magna; plantearé la cuestión de si cabría la posibilidad de ilegalizar al Partido Popular, en base a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP).

Año 2018 – Sentencia de la Audiencia Nacional (primera época del caso Gürtel 1999 – 2005)

En el año 2018, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró acreditado que, entre el año 1999 y el año 2005, entre las empresas de Francisco Correo y el Partido Popular, se tejió en municipios y en otras zonas de España “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicto partido”.

Así mismo, el tribunal vio probado que la formación conservadora se benefició de 111.186 euros para la campaña de las elecciones municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Así pues, el tribunal explicaba que era el Partido Popular nacional y no sus grupos municipales en esos Ayuntamientos, el que debía de responder.

Después de esta sentencia, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ejerció un instrumento jurídico, recogido en la Constitución Española, como es la “Moción de Censura”, que le permitió, mediante el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, alzarse con el gobierno de la nación, sacando del mismo al Partido Popular.

Año 2020 – Sentencia del Tribunal Supremo (resuelve los recursos de la sentencia de la Audiencia Nacional)

En el año 2020, la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se resolvió los recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la llamada “primera época del caso Gürtel (1999 – 2005)”, consideró que este tribunal contó, en su fallo del año 2018 “con pruebas de cargo válidas y suficientes” para concluir que existió una contabilidad opaca al Partido Popular, bajo el control de su extesorero, Luis Bárcenas, quién recogía los movimientos de estos fondos en las anotaciones manuscritas conocidas como los “papeles de Bárcenas”.

El fallo del Supremo concluía que esa prueba “válida y suficiente” consistió en documentos, declaraciones de testigos e imputados, e informes periciales, que permitían llegar tanto a la conclusión de que la caja “b”, del Partido Popular, existía, como para considerar probado que Bárcenas “ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad” de ese dinero.

Año 2021 – 2ª sentencia de la Audiencia Nacional (pago de las obras de la Sede del Partido Popular)

El pasado jueves, 28 de octubre de 2021, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que volvió a impactar de lleno en el corazón de la formación conservadora, al considerar probado que el Partido Popular pagó “en negro” la reforma millonaria de su sede central en la madrileña calle Génova.

En dicha sentencia, el tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular, Luis Bárcenas, por abonar a la empresa Unifica, más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”, según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al Partido Popular como responsable civil subsidiario.

Los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el período en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular, como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b), de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial, ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. 

El auto de la sentencia, condena a:

  • Luis Bárcenas – como responsable necesario de un delito de falsedad contable, en relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades en el año 2007, de Unifica, y le impone una multa de 1,2 millones de euros.
  • Al arquitecto, Gonzalo Urquijo, y a su socia, Belén García – con dos años y nueve meses de prisión, y el pago de una multa de 2,6 millones de euros.
  • El Partido Popular – como responsable subsidiario, debe de responder de manera subsidiaria por un importe de 123.669 euros.

En estas tres sentencias, dictadas tanto por la Audiencia Nacional, como por el Tribunal Supremo, se establece, se afirma y se da “verosimilitud”, a los papeles de Bárcenas y a la existencia de una caja “b” en el Partido Popular.

¿Cabe la posibilidad de ilegalizar al Partido Popular?

La posibilidad de ilegalizar y disolver partidos políticos viene regulada tanto por el Código Penal, como en la LOPP, y puede imponerse por el incumplimiento de ciertos requisitos, como, por ejemplo, que el funcionamiento y estructura interna sean democráticas, o ya sea por la realización de actividades consideradas como ilícitas por la ley.

En la Constitución española, en el artículo 22, se establece la posibilidad de disolver o suspender una asociación cuando sus fines o medios no sean lícitos. Dado que los partidos políticos son tipos específicos de asociaciones, parece lógico entender que aquellos partidos que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito o aquellos que tengan por objeto la comisión de delitos sean ilegales.

Así pues, en el hecho que nos acontece, cabría utilizar la vía penal de la asociación ilícita, en tanto que el Partido Popular es un partido político que puede entenderse como un tipo específico de asociación.

De esta manera, en el artículo 10 de la LOPP, se prevé esta opción y nos remite al Código Penal, en donde viene recogido el tipo penal. Por tanto, en el artículo 515 del CP, vienen enumeradas cuatro tipos de asociaciones punibles, de la que cabe destacar, para nuestro caso, aquellas que “tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituida, promuevan su comisión”.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010 que reforma la Ley orgánica del Código Penal, se dotó de responsabilidad penal, además de a las personas físicas, a las personas jurídicas, y, en consecuencia, a los partidos políticos.

Por tanto, el delito de asociación ilícita recogido en el artículo 515 del CP, es un tipo penal dirigido a condenar tanto a las personas físicas como jurídicas que se asocien para cometer delitos. No obstante, el artículo 520 del CP prevé la disolución jurídica de la asociación en aquellos casos en los que se condene a los fundadores, directores, presidentes o miembros activos de dicho delito, como pena dirigida a la persona jurídica. Es decir, dicho artículo trata de prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de esta.

Estos casos se cumplen en el hecho que tratamos, dado que, en la sentencia de 2018, por parte de la Audiencia Nacional, 29 de los 37 acusados recibieron penas que sumaban 351 años de prisión. Y, entre muchos de los hechos delictivos a los que se les imputaba eran: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales, estafa procesal intentada, entre otras más.

De este modo, existe la posibilidad real y efectiva de declarar al Partido Popular como asociación ilícita, y con ello, ilegal. Dado que, tras su constitución, ha promovido la comisión de delitos con fines políticos, ya sea para acudir a unas campañas electorales con mayor financiación respecto de los demás partidos políticos, o para financiar la reforma de la sede de la Calle Génova (además de destacar que el Partido Popular sigue teniendo muchos otros frentes abiertos que están en diferentes fases judiciales, como es el Caso Púnica, Lezo, Nóos, Arena, Baltar, Bon Sec, Bonsáis, Campeón, etc).

Además de ello, dicho partido político, ha sido el medio por el cual se han cometido estos delitos, es decir, que se han aprovechado de este tipo específico de asociación para llevar a cabo las actividades delictivas. Y, cabe recordar, una cita de la sentencia de la Audiencia Nacional del año 2018, que especificaba que se había originado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido (Partido Popular)”.

Por todo lo expuesto, se podría concluir que esta vía podría ser aplicable al Partido Popular, y de esta forma ilegalizar a dicho partido político. Y, es que, la regulación actual de la ilegalización y disolución de partidos políticos son los instrumentos que disponemos en nuestro marco jurídico para salvaguardar los principios constitucionales básicos, para la convivencia en sociedad, de aquellas actividades u acciones que se consideren extremadamente reprochables y contrarias a la Constitución española.

Finalmente, frente a las posibles cuestiones que pudieran incurrir en perjuicio del pluralismo político y del derecho a la libertad de asociación, cabe mencionar a Pérez-Moneo, en cuanto que: “La expresión defensa de la democracia cuestiona si es necesario y lícito limitar la libertad política de quién pretenda utilizarla contra la propia democracia”.

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