A la coalición aún le queda trabajo

Después de 2 años de Gobierno analizamos el trabajo que está desarrollando la coalición de PSOE y UP

Gobierno de coalición

Corría un frío enero del año 2020, España sufría la resaca de las navidades y de unos recién celebrados reyes. En el Congreso de los Diputados era un día importante, tras meses de arduas negociaciones y después de casi 10 meses de Gobierno en funciones, esa mañana, Pedro Sánchez lograría la mayoría simple necesaria para ser investido Presidente del Gobierno de España. En una sesión bronca, marcada por las interrupciones de la ultraderecha y por las amenazas a diputados para evitar que votaran a favor del candidato, la legislatura echaba a andar antes de comer. El primer Gobierno de coalición de la democracia se materializaba.

De aquel frío 7 de enero ya han pasado dos años, una pandemia que aún sufrimos, una remodelación profunda del ejecutivo y multitud de ideas, proyectos de ley y reformas que el Gobierno materializará en 2022.

El Ejecutivo empieza el año con la negociación en el Congreso de los Diputados para la convalidación del pacto entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos de la nueva reforma laboral. Un pacto que se alcanzó a finales de 2021 y que tenía como principal propósito cumplir con los compromisos alcanzados con la Unión Europea. A tenor de las últimas declaraciones de los socios de investidura -ERC, PNV y EH Bildu-, el Gobierno teme no poder reunir los apoyos suficientes para convalidar este nuevo texto. Un texto, que no se quiere tramitar como proyecto de ley ya que podría sufrir alteraciones por las enmiendas de los grupos parlamentarios y provocar que la patronal salga del acuerdo alcanzado. 

Al gobierno le queda trabajo por hacer
El Gobierno, la patronal y los sindicatos llegan a un acuerdo

Paralelamente, durante el mes enero, el Ministerio de Trabajo comenzará las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), una subida que el Gobierno quiere hacer efectiva lo antes posible, de forma, que en 2022 suba 30 euros hasta llegar a los 1000 y en 2023, año electoral, firmar una subida de 45 euros. 

En septiembre, cuando se produjo la última subida, las tensiones dentro de la coalición crecieron entre los departamentos de economía y trabajo. Además, a las tiranteces de los socios de la coalición se unió la salida de la patronal del acuerdo por el que se hacía efectiva esta subida de 15 euros.

Leyes en el horno

En materia legislativa, el ejecutivo tiene intención de acelerar los trámites para llevar lo antes posible leyes que ya pasaron por el Consejo de Ministros en 2021.

La ley trans, es una de las leyes estrellas del Gobierno de Coalición, el texto del Ministerio de Igualdad con más protagonismo de 2021 y que tiene prevista su aprobación a lo largo de 2022. La ministra de igualdad, en varias ocasiones ha expresado la necesidad de la aprobación urgente de esta norma ante el aumento de agresiones y delitos de odio.

La norma pretende abordar la autodeterminación de género, un asunto que no agrada ni a un sector del movimiento feminista -lo que provocó tensiones entre la ex vicepresidenta Carmen Calvo e Irene Montero-, ni, por supuesto, a la derecha, que ya han calificado el documento de Igualdad de “antihumana”.

La autodeterminación de género supone que cualquier persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo expresando su voluntad. El texto normativo también prevé la prohibición de las terapias de conversión. Además, se legislarán por primera vez los derechos de las personas intersexuales y se abordará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el tratamiento de contenidos relacionados con la diversidad sexo-afectiva. 

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Irene Montero, ministra de Igualdad

Otra de las leyes estancadas es la ley de vivienda, el texto que acordaron los socios de gobierno el pasado mes de octubre aún no cuenta con el informe del Consejo General del Poder Judicial, dicho órgano no se pronunciará hasta el próximo pleno. Esta ley, que la oposición ya ha anunciado que no aplicará en las autonomías que gobierna y que de aprobarse la llevarán al Tribunal Constitucional, contempla, entre otras medidas, incentivos fiscales a los propietarios que abaraten los alquileres. 

También en trámite se encuentra la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como ley del solo sí es sí-, en el texto se contemplan medidas contra la prostitución o la trata de personas. Un debate que abre fisuras dentro del propio Gobierno, ya que, mientras que el PSOE es abolicionista, dentro de las filas de UP el debate no está del todo cerrado. Más allá de las diferencias entre los partidos, ambas partes ya han anunciado que presentarán un texto conjunto próximamente.

En línea con los derechos de las mujeres, también está sobre la mesa la reforma de la ley del aborto, Montero pretende abordar asuntos como la violencia obstétrica o la objeción de conciencia de los médicos, una medida que pretende evitar que haya Comunidades Autónomas en las que no se pueda garantizar por las instituciones médicas el derecho de las mujeres a la interrupción de su embarazo.

Otra de las leyes que a finales del año pasado también saltó a la primera línea mediática fue la reforma que pretende llevar a cabo el ejecutivo sobre la ley mordaza del Partido Popular. El partido liderado por Pablo Casado también ha anunciado que dará la batalla en los juzgados y que en cuanto lleguen al Gobierno, acabarán con las modificaciones de Sánchez. Una oposición, que también se encuentra en las asociaciones de policías y guardias civiles y que pretende reformar algunos aspectos que el propio Consejo de Europa ha instado a España a hacer. 

El texto que pretende aprobar el bloque de la investidura en los próximos meses se centrará en garantizar los derechos de los manifestantes, como la detención durante seis horas sin justificación, que pasará a dos. También pretenden acabar con el ataque a la libertad de prensa y la prohibición de grabar o fotografiar la actuaciones policiales, el fin de la veracidad absoluta del atestado policial o el uso del material antidisturbios, que pasará a ser menos agresivo. 

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Las asociaciones de sindicatos y la derecha parlamentaria se manifiestan en contra de la reforma de la ‘la ley mordaza’

Nuevas leyes y derechos

Desde el Ministerio de Asuntos Sociales presionan para que se lleve cuanto antes la ley de protección y derechos de los animales. Con la ley del ministerio liderado por Ione Belarrra se pondrá fin a la disparidad de las normativas de las autonomías y se sentarán las bases de un marco común para todo el estado, según la propia ministra, el objetivo sería evitar el sacrificio -siempre que sea evitable- y dotar a los animales de una vida digna.

Entre las principales medidas que aborda esta nueva regulación que previsiblemente se aprobará a lo largo de 2022 destaca la prohibición de uso de animales salvajes en circos o ferias -una medida que es menos restrictiva que en algunas comunidades que se prohíbe cualquier uso de animales-. Además, cualquier animal no se podrá dejar de supervisar durante más de tres días -24h en el caso de los perros-. Se perseguirá el abandono y el maltrato animal con la creación de un registro de personas inhabilitadas para tener animales. Por otro lado, se pondrá fin al comercio en tiendas de animales -exceptuando los peces-, de esta manera solo se podrán comprar animales a aquellos criadores oficiales para garantizar la trazabilidad del animal.

Al gobierno de coalición aún le queda trabajo
Conferencia de Presidentes Autonómicos

También en el departamento de Asuntos Sociales se trabaja en la ley de diversidad familiar, una norma que Belarra tenía la intención de que fuera aprobada a principios de este año, sin embargo, la oposición del Ministerio de Hacienda a medidas como una prestación universal por crianza de 100 euros al mes será imposible su aprobación en el plazo que pretendía la ministra. Sin embargo, desde el departamento de UP aseguran que su intención es llegar a un acuerdo y tramitar lo antes posible está ley que forma parte del acuerdo de coalición.

Entre los grandes retos está el del ministerio de Maria Jesús Montero, que tiene la compleja tarea de sacar adelante una nueva ley de financiación autonómica. Una ley que desde el Ministerio de Hacienda ya suponen que para su aprobación será necesario un aumento de fondos destinado a las autonomías. Además, son conscientes que con el inicio del ciclo electoral comenzado antes de tiempo tras el movimiento del Presidente de Castilla y León, será un cometido aún más complicado de lograr.

Los retos judiciales.

Más allá de los retos legislativos del Gobierno de coalición, es importante no olvidar el aval judicial que parece que el Partido Popular y VOX pedirán al Constitucional tras la aprobación de las leyes que el ejecutivo tiene pensado sacar adelante.

Las leyes que quedan por aprobar, se unirán, previsiblemente, a la lista de normas recurridas por la oposición que se aprobaron durante 2021 y que la derecha ya ha recurrido al Tribunal Constitucional. 

La nueva ley educativa aprobada bajo el mando de Isabel Celaá fue recurrida por, según PP y VOX, no cumplir con la Constitución al considerar la nueva ley el fin de las ayudas a centros que segregan por sexos. Por su parte, la ley que garantiza el derecho a morir dignamente también fue demandada ante el Constitucional por la derecha parlamentaria al considerar que no respeta el derecho a la vida.

Todo en un año en el que el Rey Emérito espera volver a España, en un año en el que previsiblemente se sienten las bases para promover una Ley de la Corona.  

Un periodista deja de serlo cuando ofrece como información lo puramente subjetivo.

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