Cataluña

La Mesa del Parlamento catalán: ¡en el punto de mira!

Pablo de Palacio

La polémica se sucede en Cataluña y vuelve a ocupar las portadas de todos los periódicos. La Mesa del Parlamento, presidida por Laura Borràs, propuso este martes una especie de huelga indefinida hasta que la comisión del Estatuto del Diputado se pronuncie acerca de la retirada del acta por parte de la Junta Electoral Central al diputado de la CUP, Pau Juvillà.

El parlamentarismo, en tanto que máxima expresión del poder legislativo en Cataluña, debe controlar la actuación del poder ejecutivo y legislar acerca de las competencias que tiene atribuidas estatutariamente. En ocasiones parece que nuestros gobernantes confunden el derecho individual que les concierne a expresar cierta reticencia sobre un concreto particular y el deber inherente al cargo que ocupan. Y ambos no son incompatibles, pero deben saberse ejercitar en el momento oportuno.

Nadie pone en duda que la presidenta de la Mesa así como sus dos vicepresidencias y cuatro secretarías tengan intactos sus derechos fundamentales, pudiendo ejercitar con plenas facultades sus derechos de manifestación y expresión sin ningún tapujo. Ello, sin embargo, no es óbice para que ocupen el cargo para el cual han sido elegidos con la máxima independencia e imparcialidad dada cuenta que el Parlamento catalán representa a la soberanía del pueblo y, en su virtud, a la pluralidad de ideas políticas.  

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 7 del Real Decreto por el que se declaraba el primer estado de alarma al considerar que suspendía la actividad parlamentaria de las Cortes y vulneraba así derechos fundamentales.

La propuesta de la Mesa, en consecuencia, es de un agravio sin precedentes y así lo advirtió el letrado mayor del Parlamento, no únicamente por el posible delito de prevaricación en que pudieren incurrir los integrantes de la misma sino por las consecuencias que tendría sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este particular, debemos recordar que todo ciudadano tiene derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal. Si se suspende la actividad parlamentaria, ¿no se vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a ser representados? La respuesta es evidente y no entiende de colores.

La Mesa del Parlamento frenó en seco ante tales advertencias. No quería incurrir en un delito de prevaricación para lo cual transformaría el acuerdo de suspensión en una mera recomendación a los partidos políticos. Pero más allá de fiducias y simulaciones que dotaban de legalidad al parón de la actividad parlamentaria, lo cierto es que la Presidenta podría haber incurrido en un delito de prevaricación en grado de proponente y no de autoría, penado con una pena inferior en grado.

Y es que permítanme concluir acerca de este particular diciendo que, más allá de esa legalidad encubierta, lo cierto es que se han suspendido todas las comisiones que estaban previstas para el día de ayer dada la insuficiencia de quórum de asistencia. Por lo tanto, entre prevaricar y proponerlo tal vez no hay tanta diferencia.

Pero la conflictividad de la Mesa del martes no acababa aquí dada cuenta que en su orden del día también entraba la supresión del artículo 79 de los Estatutos del Régimen y Gobierno interior del Parlamento de Cataluña relativo a las licencias de edad. Recordaran cuando la semana pasada, gracias a un largo trabajo periodístico, se destapara por vez primera la partida de gasto público anual de 1,7 millones de euros destinados a funcionarios que ya no trabajan en el Parlamento.

Esta información generó un gran revuelo. La política y el parlamentarismo catalán estaban contra las cuerdas. El Portal de Transparencia del Parlamento intentaba achicar las críticas de la población que no daba crédito a lo que se acababa de conocer. Y en este contexto fue cuando la Mesa del Parlamento, reunida con la máxima urgencia para intentar paliar lo que podría suponer la decadencia del prestigio institucional de la cámara, acordó la eliminación del artículo controvertido sin contactar previamente con el Consejo de Personal.

Nuevamente, la Mesa volvía a estar en el punto de mira. La prevaricación volvía a llamar a sus puertas. ¿Por qué no negociaron primero con el Consejo de Personal como establece el Reglamento de la cámara? La respuesta es evidente: ¡No tenían tiempo que perder porque la imagen del parlamentarismo catalán estaba en juego!

Para cerrar esta reflexión acerca de las difíciles horas que vive el parlamentarismo en Cataluña, permítanme recordarle a la Mesa su deber de actuar conforme al Reglamento de la Cámara. No está en juego la prevaricación, sino el derecho de representación de los ciudadanos. ¡Está en juego la propia democracia!

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