La muerte política de Pablo Casado

Pablo Casado

Pablo de Palacio

Mediodía del jueves 17 de febrero de 2022. Se desata la polémica en el seno del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a la dirección del partido de espionaje. El secretario general lo niega y reprocha a Isabel Díaz Ayuso la falta de honorabilidad y lealtad al partido, advirtiéndole de consecuencias legales y de la apertura de un expediente informativo.

La incertidumbre es máxima y Pablo Casado no aparece. No lo hace hasta el viernes por la mañana cuando, en una entrevista en la cadena COPE, exige a la presidenta madrileña explicaciones acerca del contrato adjudicado a la empresa Priviet Sportive S.L para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, sociedad afín a su hermano de la que habría podido cobrar una buena cantidad de dinero en concepto de contraprestación.

Isabel Díaz Ayuso responde. Se siguieron los requisitos de calidad-precio en la adjudicación de contratos públicos. La adjudicataria vendía mascarillas a 5€, mientras que Palex, Lost Simetry, y Barna lo hacían a precios superiores. La Fiscalía Anticorrupción admitiría las denuncias del PSOE, Podemos y Más Madrid respecto del hermano de la presidenta por la repercusión social que tenían, advirtiendo a su vez de la escasa trascendencia judicial.

Muchos pensarán que averiguar la verdad no debería suponer la muerte política de Pablo Casado. Sin embargo no fue esa actuación la que le llevó al abismo sino la presunta falta de veracidad con la que actuó el Presidente.

La verdad se giraba en su contra. Nunca abrió ningún expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso. Y no lo hizo porque en ese caso debería haber designado un instructor para la investigación y no podría haber anunciado el archivo de la misma sin el beneplácito de éste. ¿Quién actuó como instructor? ¿Él mismo? ¿O tal vez fue una maniobra frustrada para intentar ganarse la confianza de la militancia?

Pero no todo acababa aquí. Su mano segunda en el Partido Popular había negado rotundamente haber encargado una investigación a la presidenta de la Comunidad. Sin embargo, poco esperaban que apareciera en escena el detective Julio Gutiez asegurando haber rechazado el encargo de espionaje por entender que era ilegal.

Las dudas en Génova eran cada vez mayores. La militancia desconfiaba de su líder. Sus votantes pedían su inmediata dimisión y éste perdía cada vez más apoyo de sus barones territoriales, a excepción de la Presidenta de Navarra. Pablo Casado accedía a convocar un Congreso Extraordinario cuya celebración se produciría a principios de abril pero lo condicionaba a liderar el partido hasta la fecha. Y los barones cedieron con la condición de que todo sería transparente hasta entonces.

Pero aquí no acaba la historia. Pablo Casado tiene por delante un mes complicado a bordo del Partido Popular. El Tribunal Supremo estaría a punto de imputar un delito de prevaricación continuada al diputado popular Alberto Casero, el mismo que en su día se saltare la intención de voto y gracias al cual se aprobó la reforma laboral. Nuevas preguntas se formula la militancia. ¿Por qué no se abrió también un expediente a Alberto Casero para averiguar porque se había saltado la intención de voto? ¿Tomará Pablo Casado la decisión de cesar al diputado como dicen sus Estatutos?

En conclusión, el Partido Popular se desangra a marchas forzadas. La principal fuerza de la oposición es ahora un mar de dudas. Los votantes del partido y su militancia necesitan una nueva hoja de ruta apartada de toda corrupción y polémica. Pero también lo necesita la nación en su conjunto, y es que debemos recordar que el pluralismo político es símbolo de salud democrática.

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