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Análisis: La política; el arte de lo posible

Autor: Miguel Freire Pérez

La política es algo que, para los que la tratamos como una ciencia, tiene difícil definición. Resulta complicado describir en una sola frase, de forma precisa, algo que en sí mismo engloba tantas cosas como es la política. Personajes conocidos nos han dado definiciones ambiguas sobre la misma que arrojan algo de luz a su entendimiento sin, a la vez, aclarar nada. Aristóteles decía que la política es el arte de lo posible; siglos más tarde, Pablo Iglesias Turrión nos dice que hacer política es cabalgar contradicciones, y en ello, nos vamos a centrar.

Desde el restablecimiento de la democracia en España buen ejemplo de lo que dice esta misma definición de la política ha sido lo que hemos observado en lo que tendemos a llamar la política de la M30. Durante los más de cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1978, el sistema político en general ha ido produciendo ciertas disfunciones propias del largo recorrido de funcionamiento que ha tenido. Esta situación se ha visto agravada por lo que se conoce como corsé legal, que los constituyentes crearon en el proceso de elaboración de la Constitución, y que ha impedido hacer frente de manera correcta a estas faltas de efectividad que han mostrado distintos espacios del sistema político de nuestro país. Este corsé legal consiste básicamente en el anclaje a la reforma constitucional de muchos de sus ámbitos; pues, sin ir demasiado lejos, el sistema electoral se debe modificar obligatoriamente por un proceso de reforma constitucional, lo cual requiere el apoyo favorable de tres quintos de ambas cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), mientras que, si esto hubiera estado incluido en una Ley Orgánica, podría ser modificado simplemente con el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, según viene recogido en el artículo 81.2 de la Constitución.

Esto ha impedido hacer frente a problemas como la baja proporcionalidad del sistema electoral, su baja fragmentación, la sobrerrepresentación de los partidos más votados, o a la enorme cantidad de votos que se pierden al no superar los partidos más pequeños (o con voto disperso) la barrera establecida del 3% provincial, que consiste en que, si un determinado partido no supera en una circunscripción ese tres porciento de los votos, no entra a la fórmula de reparto de escaños en esa provincia. La necesidad de solucionar estos problemas mediante reforma constitucional (siendo una de las propuestas principales la creación de una circunscripción adicional que abarque todo el Estado y la cual recoja los votos perdidos repartiendo unos cuantos escaños adicionales a los ya repartidos por las provincias) hace prácticamente imposible (más si cabe a día de hoy, con la fragmentación existente en nuestro sistema de partidos) hacer frente a ellos, debido a la incapacidad de reunir la mayoría necesaria para poder modificar esto. Por otro lado, la comodidad con este funcionamiento de los principales partidos (PSOE y PP) ha dado lugar a su escaso interés en modificar el sistema electoral, incluso con la irrupción de otros partidos desde 2015 (Podemos, Ciudadanos y Vox), rechazando ciertos cambios que no requerirían reforma constitucional como aumentar la capacidad del Congreso de los Diputados a su máximo constitucional de 400 escaños, disminuir de dos a uno el mínimo de escaños que se asigna a cada provincia de forma inicial, o sustituir la fórmula D´Hondt por otra más proporcional (entre otros).

Sin embargo, las ya citadas disfunciones del sistema político de nuestro país también pueden observarse en ciertos entresijos del mismo, de manera que algunos aspectos que fueron creados con un fin, se acaban utilizando para otro que no era el originario. Buen ejemplo de ello podrían ser las mociones de censura; en un principio, las mociones de censura se habían ideado constitucionalmente como un mecanismo de control del poder ejecutivo en manos del parlamento, una forma de exigir responsabilidad política al presidente y al resto del gobierno. Sin embargo, podemos ver a lo largo del tiempo de vigencia de la Carta Magna, como este mecanismo de control cuyo fin último es destituir a gobierno en el poder (otorgando la confianza a otro candidato alternativo), se ha utilizado con otras finalidades en determinadas ocasiones.

En esta línea, podemos ver como la primera moción de censura presentada desde el restablecimiento de la democracia, a manos del Grupo Parlamentario Socialista y el cual proponía como candidato alternativo al en aquel entonces joven Felipe González, tenía como principal objetivo presentar ante la opinión pública que el partido que estaba en el gobierno, la Unión de Centro Democrático, estaba envuelta en una crisis interna y por lo tanto muy debilitada, así como demostrar a esta ya citada opinión pública que el PSOE era un partido serio, de Estado, y que tanto el cómo su líder (González), estaban preparados para gobernar. De igual forma, la segunda moción de censura, presentada por el Grupo Popular, tenía como objetivo presentar ante la opinión pública a su nuevo líder, Antonio Hernández Macha, el cual era Senador de designación autonómica por Andalucía y, como tal, no podía confrontar dialécticamente con el que en aquel entonces era presidente del gobierno, Felipe González. Estos dos ejemplos muestran como el sistema ha generado una disfunción en ese aspecto, cuyas sanciones previstas en la constitución (la prohibición de presentar una nueva moción de censura a los diputados firmantes durante ese periodo de sesiones) no han sido suficientes para prevenir este uso de la moción de censura, que en ningún caso es el que originariamente se pensó para la misma. Esto explica que solamente una de las hasta el momento cinco mociones de censura presentadas, hayan tenido éxito.

Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos para ver como se genera una disfunción en el engranaje que constituye nuestro sistema político. Si nos adentramos en la arena autonómica podemos observar algunas peculiaridades. Los presidentes de las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía en el marco del artículo 151 de la Constitución (Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía) han tenido siempre la facultad de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas. En el año 1996 se iniciaron una serie de reformas en algunos Estatutos de Autonomía, las cuales dieron lugar a que algunas autonomías (Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, La Rioja, Cantabria y Asturias) tuvieran la posibilidad de adelantar elecciones con la peculiaridad de que la nueva legislatura tendría una duración limitada al tiempo que restaba a la legislatura que se dejó atrás mediante el adelanto electoral. Finalmente, con el conjunto de reformas que se llevaron a cabo a partir del 2006, Extremadura, Castilla y León, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Aragón consiguieron la capacidad de adelantar elecciones, pero teniendo la legislatura que se inicia con ese adelanto electoral una duración de cuatro años.

De esta forma, se establecía un mecanismo que estaba pensado para que, si un gobierno en minoría perdía el apoyo que le permitía llevar a cabo sus proyectos, no hubiera un bloqueo en la región y se iniciara una nueva legislatura en la que se asegurara la efectiva gobernabilidad. Sin embargo, como hemos podido ver con las mociones de censura y como se puede ver en otros ámbitos del sistema político, este mecanismo se ha acabado utilizando de una forma diferente a la que originariamente era su razón de ser. En este caso este mecanismo desembocó en el uso del mismo con finalidades políticas y partidistas por parte del partido en el gobierno o, en su caso, del partido principal en el gobierno. De esta forma, se fue haciendo cada vez más habitual el adelanto electoral por parte del partido en el gobierno en momentos en el que las encuestas les eran favorables, con objetivo de intentar “asegurarse” un buen resultado y mantener su presencia en el gobierno cuatro años más.

Este uso, que ya se ha hecho muy habitual, vio su inicio principalmente con Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y actual Senadora por designación autonómica, perose ha extendido de forma que hemos podido presenciarlo también en Madrid, País Vasco, Galicia o Castilla y León. Esta utilización del adelanto electoral no siempre ha salido como se esperaba, ya que pese a haber tenido algún éxito (como en Madrid, donde el PP de Isabel Díaz Ayuso pasó de ser la segunda fuerza política con 30 escaños y gobernar en coalición con Ciudadanos a gobernar en solitario siendo la primera fuerza política y rozando la mayoría absoluta con 65 parlamentarios), también se han experimentado algunos fracasos. Este es el caso, por ejemplo, del adelanto electoral de 2018 en Andalucía, donde, pese a ganar las elecciones, el PSOE de Susana Díaz perdió el gobierno, que por primera vez desde que Andalucía accedió a la autonomía no sería socialista, además de que esto supuso por primera vez la presencia de la extrema derecha en las instituciones, ya que Vox consiguió 11 escaños. Otro ejemplo de fracaso podría ser el reciente adelanto electoral de Castilla y León, donde el PP de Fernández Mañueco, que aspiraba a beneficiarse de la caída de la marca Ciudadanos y alcanzar la mayoría absoluta o, al menos, a gobernar en solitario, ha acabado supeditado a la extrema derecha y con la primera entrada en un gobierno de la misma, donde Vox ha conseguido la presidencia de las cortes, la vicepresidencia del gobierno y tres consejerías.

Incluso, hemos podido presenciar como el anticipo electoral en la arena autonómica se ha llegado a utilizar con fines políticos en la arena nacional. Buen ejemplo de ello es la estrategia que emprendió Pablo Casado en sus últimos meses al frente del Partido Popular, que tenía una triple intención: Por un lado, forzar la convocatoria de elecciones autonómicas en dos lugares donde gobernaba en coalición con Ciudadanos (Castilla y León y Andalucía) para absorber el electorado de este (beneficiándose, como ya hemos dicho antes, de la caída de su marca) y poder gobernar en solitario aumentando su resultado; por otro, consiguiendo un gran resultado en estos dos lugares, tal y como auguraban las encuestas, buscaba restarle importancia y heroicidad al resultado que obtuvo Ayuso en mayo de 2021, frenando así el ascenso que la baronesa estaba experimentando para callar los rumores que empezaban a colocarla al frente del partido a nivel nacional; por último, ganando en Castilla y León, donde el PSOE fue la fuerza más votada en 2019, y en Andalucía, donde el PSOE nunca había perdido unas elecciones y, como ya hemos dicho antes, siempre había gobernado hasta esta última legislatura, desgastar al gobierno central con el fin de que llegara muy debilitado a las próximas elecciones generales que están previstas para 2023. Sin embargo, el resultado electoral de Castilla y León, que casi revierte el de las encuestas iniciales, hizo que esta estrategia fracasara y que Juanma Moreno no acabara adelantando las elecciones en Andalucía.

En conclusión, el sistema político tiene diversos entresijos donde, ciertos mecanismos que fueron creados con un fin, se acaban utilizando para otro totalmente distinto, fruto en gran medida de las diversas disfunciones que el propio paso del tiempo genera. Todo esto pone en evidencia que, cada vez con más fuerza, urge un pacto de Estado en el que varias fuerzas políticas se comprometan a reformar el obsoleto sistema del que disponemos para adaptarlo a los tiempos que corren y a las generaciones actuales, que cada vez se sienten menos identificadas con la clase política y con el propio sistema en el que nos encontramos. De no hacerse una profunda reforma de este, cada vez será más difícil hacer frente de manera efectiva a los problemas que nos esperan en las próximas décadas en un tablero de juego que empieza a quedarse anticuado.

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